Cuadros del Partido del Trabajo, bajo la lupa de justicia boliviana

Las autoridades de Bolivia investigan a por lo menos 20 ciudadanos mexicanos —entre ellos cuadros del PT en Nuevo León, Veracruz y Oaxaca, y funcionarios del Congreso de la Ciudad de México— por presuntamente intervenir en el proceso electoral presidencial de Bolivia en 2019 a favor del partido de Evo Morales.

Documentos que obran en la investigación realizada por la Procuraduría General del Estado de Bolivia, a los que tuvo acceso a EL UNIVERSAL, detallan que la acusación es por haber colaborado con la autoridad electoral, a través del software Territorial Visor, para alterar los resultados de la contienda.

En la acusación se señala a Ramón Díaz Ávila, delegado nacional del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, como la persona que llegó en agosto de 2019 a La Paz, Bolivia, al frente del equipo de mexicanos que participó en lo que es calificado en la actualidad, en el país sudamericano, como un “fraude electoral”.

En una línea de tiempo que está en la carpeta de investigación y de la cual este diario tiene copia, Díaz Ávila llegó a Bolivia el 12 de agosto de 2019 en un vuelo de la aerolínea LATAM, vía Lima, Perú. En este grupo de mexicanos indagados figuran también David Ariel García y Álvaro Iván Arce Cortez, señalados como los estrategas del sistema de informática Territorial Visor, que fue presentado a la autoridad boliviana para que fuera implementado en el proceso electoral.

De acuerdo con la Procuraduría General de Bolivia, en la investigación abierta sobre el fraude electoral que se llevó a cabo en 2019 se encontró que una veintena de mexicanos estuvieron involucrados —y directamente en contacto— con el exministro de la presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana.

En la cronología elaborada por la procuraduría boliviana sobre el caso, desde agosto de 2019 el equipo de mexicanos comenzó a viajar a Bolivia para presentar el software Territorial Visor, el cual contenía las mismas características que el CUBO utilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de aquel país andino.

Se tienen datos de los vuelos de entrada y salida del grupo de connacionales, así como del hotel en el que se hospedaron y cuántos pisos utilizaron, lo mismo que reuniones con funcionarios de gobierno en la Casa Grande del Pueblo (sede presidencial).

“El 1 de octubre de 2019, los mexicanos expertos en inteligencia electoral Ramón Díaz Ávila, Álvaro Iván Arce Cortez y David Ariel García Portillo hicieron una demostración del sistema Territorial Visor en la Casa Grande del Pueblo.

“Los extranjeros [mexicanos] presentaron a Sergio Daniel Martínez Beltrán como el encargado de sistemas del Movimiento al Socialismo [MAS] y coordinador [junto] con ellos. Con su cargo y autorizaciones concedidos por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral [TSE], Martínez tenía la misión de sacar información delicada de las bases de datos del INE y del TSE”, señala la averiguación de la procuraduría.

Se encontró que cuando García Portillo hizo la presentación de Territorial Visor éste ya contenía los datos de cartografía, el censo, padrón electoral, bases de militantes, listas de votantes inhabilitados y difuntos, entre otros. “El objetivo de los mexicanos era elevar el porcentaje de votos a favor del MAS en las elecciones del  20 de octubre”, indica la indagación de la autoridad judicial boliviana.

En la investigación se da cuenta de que los connacionales salieron de Bolivia el 23 de octubre de 2019 en grupos separados, a bordo de vuelos de las aerolíneas Avianca y LATAM.

Ante el anuncio oficial de la investigación, la Embajada de México en Bolivia difundió un comunicado el pasado 7 de octubre, en el cual rechazó cualquier acusación de intervención.

En el comunicado, que fue difundido en redes sociales, la representación diplomática advirtió que el gobierno mexicano fue ajeno a todo tipo de observación electoral internacional en el proceso que se desarrolló en Bolivia en 2019, y tampoco intervino en invitación alguna para las personas que están señaladas.

El 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones en Bolivia, en las que el otrora presidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato. El proceso electoral fue cuestionado.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que fungió como observador electoral, elaboró un informe en el que expuso irregularidades en el proceso. Ante la presión, Evo convocó a nuevas elecciones, pero terminó dimitiendo al cargo y salió de su país con ayuda de México.

La Procuraduría General del Estado de Bolivia considera esta participación como una intervención extranjera en un acto soberano de decisión popular que causó un quebranto de alrededor de 35 millones de dólares, costo del proceso electoral que finalmente se declaró nulo.

“Ese es el motivo por el que la procuraduría se ha visto en la necesidad de intervenir en este proceso”, refirió en entrevista con este diario el procurador boliviano, Alberto Javier Morales.

“Normalmente a la procuraduría, en Bolivia, se le asigna un rol de defensora de intereses patrimoniales, pero acá también hay un interés que afecta la soberanía nacional expresada en la fórmula democrática del voto, además del daño económico que se ha causado”, dijo.