Cronología del caso Rosario Robles

El caso de Rosario Robles está ligado a la Estafa Maestra, uno de los fraudes más famosos en la historia de México que representó desvíos millonarios a través de dependencias federales, entes públicos y más de 50 funcionarios de distintos niveles de gobierno

Cronología del caso Rosario Robles
Rosario Robles lleva 14 meses en prisión acusada por ejercicio indebido
Nación 06/11/2020 15:52 Redacción Ciudad de México Actualizada 17:38
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El 6 de noviembre de 2020, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fuentes del gobierno federal afirman que la orden será cumplimentada este viernes en la cárcel de Santa Martha Acatitla. Cabe mencionar que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, al contrario de los delitos por los que se encuentra en prisión desde hace 14 meses derivados de la investigación de la Estafa Maestra.

El caso Rosario Robles

La noche del lunes 29 de julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Reclusorio Sur una audiencia para imputar a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el sexenio de Peña Nieto, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de la llamada Estafa Maestra.

El 1 de agosto, de 2019, un juez de control citó a Rosario Robles a audiencia para que la FGR formulara imputación en su contra y la vinculara a proceso.

Fuentes allegadas al caso informaron que en días previos, Robles Berlanga había presentado una demanda de amparo para protegerla de cualquier orden de aprehensión o comparecencia en su contra porque consideró que la FGR había violado el principio de defensa adecuada al no citarla a comparecer antes de judicializar la carpeta de investigación.

Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró las cuentas de Robles Berlanga, así como las de su exoficial Mayor, Emilio Zebadúa.

Las cuentas de ambos exfuncionarios públicos fueron bloqueadas por sospechas de desvíos de recursos durante su gestión en la SEDESOL y la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), donde también ocuparon los puestos de titular y Oficial Mayor, respectivamente.

Tras la primera comparecencia, y a pesar de haber afirmado que resolvería la situación jurídica en la misma diligencia, el juez federal José de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, le concedió más tiempo a la defensa de Robles para reunir datos de prueba a su favor, incluyendo entrevistas a los testigos de la FGR, antes de definir si se le vincularía a proceso.

En la audiencia inicial, que duró siete horas y media, la FGR acusó a Robles Berlanda de incurrir en ejercicio indebido del servicio público en relación con la Estafa Maestra. Entre los datos de prueba presentados por la FGR para imputar a Robles se encuentran los testimonios de tres de sus colaboradores: José Antonio Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Ibarra Infante.

La Fiscalía señaló a Rosario Robles como autora directa de ejercicio indebido del servicio público y solicitó vincularla a proceso porque, con los datos de prueba, consideró que incurrió reiterada y dolosamente en omisiones con las que permitió y siguió generando que las terceras personas que firmaron los convenios con los que se realizaron desvíos millonarios continuaran realizando conductas como simulación de contratos, suplantación de funcionarios y falsificación de firmas en la SEDESOL y la SEDATU.

Al término de la diligencia, Robles hizo uso de la palabra para afirmar que acudiría a su nueva cita: “Estaré aquí como el día de hoy, de forma voluntaria. Estaba fuera del país cuando me enteré de esta situación, regresé inmediatamente y vine voluntariamente. Estaré aquí el próximo lunes a la hora indicada”.

Durante la diligencia, la defensa de Robles informó que Emilio Zebadúa utilizó un amparo ante el juez Tercero de Distrito de Chiapas que le concedió una suspensión provisional que lo protege de ser detenido aunque la FGR no confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra.

Además, durante la audiencia inicial, la FGR señaló que Robles firmó un contrato que causó daños al erario público por $60 millones. Dicho contrato fue celebrado entre la SEDESOL y la Universidad Autónoma de Chiapas el 1 de febrero de 2015. De acuerdo con la investigación, hay evidencia de que la SEDESOL pagó el monto y declaró de manera abrupta la terminación anticipada del contrato a pesar de que el proyecto no había terminado. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre que la Universidad Autónoma de Chiapas haya recibido el dinero.
 

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La fiscalía mencionó 27 contratos, la mayoría de los cuales fueron firmados por Emilio Zebadúa y Sonia Angélica Zaragoza, la exjefa de Recursos Humano de ambas dependencias.

Otros contratos fueron firmados por José Antolino Orozo Martínez, quien trabajó tanto para la SEDATU y la SEDESOL, y María del Carmen Gutiérrez Medina, quien trabajó para la SEDATU. Ambos han sido imputados y son investigados por la FGR por su supuesta participación en el fraude masivo. Sin embargo, ambos afirman que sus firmas fueron falsificadas, que le advirtieron a Robles sobre las irregularidades en la SEDATU y la SEDESOL y Orozco Martínez declaró que desde 2018, ella había presentado una denuncia para reportar los fraudes en ambas dependencias.

Tras una larga comparecencia que comenzó el 12 de agosto de 2019 a las 16:00 y terminó el siguiente día a las 6:00, un juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso la medida de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha, debido al riesgo de fuga que representa y a que no acreditó tener arraigo en la Ciudad de México debido a su falta de empleo y a que se desconoce si realmente habita en la capital del país.

Antes de ser trasladada, la defensa de Robles afirmó la inocencia de su cliente y denunciaron que el proceso se trataba de una persecución política, criticando especialmente la prisión preventiva dictada por el juez. Además, acusaron al Ministerio Público Federal de no recibir los registros de los datos de prueba., razón por la cual el juez reprendió a la FGR.

Durante la comparecencia, Robles afirmó que dio a conocer las anomalías por los supuestos desvíos de dinero a su sucesor en la SEDESOL, José Antonio Meade.

Previo a vincular a proceso a Rosario Robles, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sugirió investigar la posible colusión del expresidente Enrique Peña Nieto y del extitular de la SEDESOL, José Antonio Meade.

“Si existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó, está encubriendo al expresidente, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no”, señaló el juez. Esto, debido a que la FGR afirmó que Robles sabía de las irregularidades cometidas en la contratación directa de entes públicos pero que no hizo nada para evitarlo ni lo informó al expresidente Peña Nieto.

La defensa de Robles afirmó que sí notificó a Peña Nieto de estas conductas que forman parte de los pliegos de observaciones que la ASF emitió a la dependencia: “Sí le puse en conocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete” citaron los abogados a Robles.

No obstante, el juez observó que la defensa no exhibió ningún documento que acreditara el hecho y que de haberle hecho de su conocimiento por escrito de los desvíos y no presentar los oficios ante la FGR, entonces lo estaría encubriendo.

Por otro lado, los abogados de Robles también intentaron acreditar la inocencia de su cliente al afirmar que en el acta de entrega recepción de la SEDESOL a José Antonio Meade, le informó de las observaciones de la ASF que estaban pendientes de solventar para que su administración lo hiciera.

Detectan más anomalías en la SEDATU

De acuerdo con las auditorías de 2016 y 2017 de la ASF, la SEDATU pagó a instituciones públicas y otros proveedores por servicios, productos y estudios que no se entregaron, se copiaron de internet, se pagaron hasta en cuatro ocasiones o presentan inconsistencias.

Entre las observaciones que hizo la ASF y que están pendientes de solventar destaca el caso de los servicios solicitados al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), en 2016, por los que la Dirección General de Comunicación Social de la SEDATU pagó entre dos y hasta cuatro veces un mismo entregable.

Ni los SQCS ni los 25 proveedores a los que pagó $420,880,000 – de los $450, 060,696 que le entregó a la SEDATU – pudieron comprobar que participaron en la elaboración del diseño y la edición de material en audio, video y gráfico, así como piezas de comunicación para stock sobre hábitos de consumo y sondeos de opinión para medir el impacto de programas en materia de ordenamiento territorial.

Otro caso en el que el daño a la hacienda pública se estimó en $271,891,655, consistió en que la SEDATU pagó en cuatro ocasiones un mismo producto a la Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. (Telemax) en 2016.
 

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La SEDATU no justificó ni acreditó la difusión, uso, utilidad o acciones implementadas con los productos que supuestamente le entregó Telemax, que consistió en el diseño y edición de material en audio, video y gráfico de comunicación para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la secretaría. Se comprobó que ni la televisora ni los nueve proveedores que subcontrató participaron en la elaboración del producto.

Otros casos incluyen productos encargados por la secretaría a la Universidad Politécnicas de Chiapas a través de cuatro convenios, el caso del producto a cargo del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, el de la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.

A mediados de este año, Rosario Robles solicitó llevar su proceso en libertad por temor al coronavirus, pero el juez federal le negó la petición por cuarto ocasión.

El juez Alejandro Villar desestimó los argumentos de la defensa de la exfuncionaria que alegó que la alcaldía Iztapalapa, donde se encuentra el penal femenil de Santa Martha, en el que permanece recluida, es una de las que más contagios por COVID-19 registra en la Ciudad de México.

En la petición de revisión de la medida cautelar, la defensa de Robles añadió que su vida y su salud están en grave riesgo. Sin embargo, el juez reiteró que Robles representa un riesgo de fuga, por lo que negó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a la que está sujeta.

Solicita FGR pena de 21 años de cárcel contra Rosario Robles

El 25 de agosto, la FGR presentó su acusación contra Robles Berlanga en la que solicitó imponerle 21 años de prisión por ejercicio indebido del servicio público. Después de esto, se citó a audiencia intermedia después de que la defensa conoció los detalles.


Nueva orden de aprehensión en contra de Robles

El 6 de noviembre de 2020, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de Rosar io Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fuentes del gobierno federal afirman que la orden será cumplimentada este viernes en la cárcel de Santa Martha Acatitla. Cabe mencionar que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.

El 27 de octubre de 2020, un juez federal determinó que el proceso penal de Robles en relación con la Estafa Maestra debe continuar.

Durante la audiencia, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos negó la petición de la defensa de Robles que buscaba anular la acusación por ejercicio indebido del servicio público por la que permanece vinculada a proceso y en prisión desde hace 14 meses.

La defensa argumentó que el delito por el que Robles Berlanga está acusada no debe ser perseguido penalmente sino mediante un procedimiento administrativo.
 

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¿Qué es la Estafa Maestra?

La Estafa Maestra es uno de los fraudes más escandalosos en la historia de México, el cual comprende 11 dependencias federales que supuestamente fueron usadas para desviar millones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Estafa Maestra fue producto de una investigación periodística publicada por Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, y reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos.

Las tres dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encabezada por Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), dirigido por Emilio Lozoya Austin.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es el órgano del Congreso de la Unión responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, detectó que el gobierno federal entregó 73 convenios (subcontrataciones) a 186 empresas por $7,670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o simplemente no existen.

En el sexenio pasado, Robles Berlanga también encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que, según las revisiones de la ASF, formó parte del esquema de contrataciones mediante el cual se realizaron desvíos millonarios.

En el reporte de la Cuenta Pública 2018, la ASF concluyó que el resto de las dependencias señaladas como partícipes de la Estafa Maestra sólo sirvieron como intermediarios en la operación porque la mayoría de las contrataciones simuladas se llevaron a cabo por la SEDESOL y la SEDATU, las dos dependencias lideradas por Robles.

En el informe, la ASF reportó irregularidades durante la gestión de Rosario Robles por al menos $2,377 millones, que se sumaron a las detectadas en el ejercicio fiscal 2017 por $340,983 millones. Los recursos habrían sido desviados a través de la triangulación de recursos que también involucró al menos ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

La ASF también reportó que la SEDATU gastó $1,173 millones de manera inapropiada, sin que se tenga certeza sobre el destino final de dichos recursos al no ser registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

* Con información de Manuel Espino y Diana Lastiri

mp/acmr

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