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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino en la resolución de un caso de secuestro agravado para que se juzgue con perspectiva de género a mujeres que participan en delitos cuando realizan labores de cuidado.
Se trata de la condena interpuesta hacia una mujer a más de 27 años de prisión porque de acuerdo al testimonio de la víctima, fue quien la alimentó en el lugar donde permanecía privada de la libertad.
El Máximo Tribunal consideró que para resolver el amparo no se tomaron en cuenta posibles factores violencia y de subordinación que pudo enfrentar la mujer por su condición de ser joven, madre soltera y contar solo con escolaridad básica.
En este punto es importante mencionar que la mujer argumentó durante el juicio que su detención fue ilegal, que se tomaron fotografías sin su consentimiento y que no se investigó la tortura que denunció.
Además, la víctima comentó que tanto ella como la mujer acusada permanecieron en la misma cama, donde las dos estuvieron amarradas en algunos momentos.
Por lo que la Corte ordenó que se verifique si algunas de las pruebas que se usaron para condenarla fueron obtenidas de manera legal y en caso de no ser así, se deberá valorar nuevamente el testimonio de la víctima.
En este sentido, se deberá analizar si la mujer participó como coautora del delito o si su intervención se limitó únicamente a realizar actividades de cuidado o alimentación de la víctima, sin participar en otras relacionadas con el secuestro. Por tanto, su responsabilidad será evaluada bajo estos criterios.
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