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Al iniciar las comparecencias de aspirantes a consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, familiares de personas desaparecidas y representantes de organizaciones civiles expusieron ante las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos del Senado los ejes de trabajo que impulsarían, en caso de ser electos.
Durante el primer día de comparecencias participaron 14 aspirantes registrados en los rubros de familiares de personas desaparecidas y de organizaciones civiles, toda vez que el Consejo Nacional Ciudadano se integrará por cinco familiares, cuatro especialistas y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, aseguró que “las y los familiares de personas desaparecidas son voces con gran autoridad moral para decirnos qué hacer y qué no hacer en esta materia. (…) Ya tenemos legislación para una búsqueda de personas más eficiente y para que las autoridades sean más sensibles. Se trata de un antes y un después construido entre todos”.
La senadora Laura Itzel Castillo, de Morena, destacó los cambios logrados desde el Poder Legislativo para robustecer el marco jurídico, porque ahora se contará con la Plataforma Única de Identidad, que será un punto muy relevante para la búsqueda de personas.
La también morenista Sandra Luz Falcón consideró que “no deberíamos estar en esta situación porque las instituciones encargadas tendrían que responder”, por lo que estimó importante que las fiscalías locales escuchen y arropen a las organizaciones civiles de búsqueda.
Del Partido Verde, la senadora María del Rocío Corona Nakamura reconoció la reforma en materia de búsqueda de personas, porque habrá una base nacional de carpetas de investigación sobre ese delito, la Plataforma Única de Identidad e incorpora la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares. “Servirá para hacer frente a un problema social que nos ha rebasado a todos”, reconoció.
En su comparecencia, Miriam Jaqueline Palmero Rosas relató que es madre buscadora porque hace cinco años desapareció su hija, por lo que ahora está en la defensa de las niñas, niños y adolescentes que son revictimizadas o desaparecidos. Sostuvo que es posible trabajar en equipo entre las instituciones y las familias para construir soluciones, sobre todo cuando son menores de edad, quienes no son vistos ni reconocidos, por lo que es fundamental “consultar” a las familias.
Marco Antonio Velázquez Sosa dijo ser tío buscador porque su sobrino desapareció cuando migró en busca del sueño americano, por lo que una de sus propuestas es que las familias sean la voz de los desaparecidos, incluidos los migrantes; que se usen las redes sociales para fomentar la prevención de la desaparición y para la localización.
Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, desaparecido en desde 18 de marzo de 2017, precisó que de llegar al Consejo promovería herramientas que permitan eficientar las búsquedas, porque “nuestros familiares pueden estar en situación de calle en algún lugar del país o fuera de él”.
Emanuel Adrián Jiménez García, inscrito al proceso en el bloque de organizaciones civiles, subrayó que “trabajamos por justicia, verdad y memoria; esta es una postulación que no es solo mía, sino un esfuerzo en conjunto de los colectivos de lucha, resistencia y construcción de propuestas”. Desde el Consejo, comentó, impulsará la participación vinculante de las familias de personas desaparecidas.
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