Comisiones en el Senado avalan reducir duración de concesiones ferroviarias

En comisiones, el Senado de la República aprobó reducir la duración de las concesiones para la explotación de las vías férreas en el país de 50 a 30 años, y también se aprobaron multas de hasta 3 mil millones de pesos a las empresas que incurran en violaciones a la Ley.

El dictamen pasará al Pleno del Senado para su discusión y aprobación; por lo pronto, cuenta con el rechazo de los partidos de la oposición, quienes argumentaron que el dictamen como está aprobado, podría afectar de manera retroactiva a los concesionarios activos, así como generar incertidumbre jurídica.

Los argumentos a favor por parte de Morena es que el dictamen busca fortalecer a la industria ferrocarrilera nacional frente a la trasnacional, luego de que el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León privatizara Ferrocarriles de México .

En sesión a distancia, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario; se propuso actualizar el marco legal vigente para establecer las bases para realizar una regulación tarifaria y fijar precios del servicio público de transporte ferroviario cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

El dictamen se aprobó con ocho votos a favor y seis en contra en la Comisión de Comunicaciones y Transportes; y con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención en la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

"Las reformas permitirán verificar que las tarifas del servicio público de transporte de carga ferroviario se reflejen en condiciones de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad, permanencia, uniformidad y equidad", señala el dictamen.

En la reunión extraordinaria, realizada a distancia, las y los legisladores señalaron que el esquema actual de concesiones generó barreras de entrada y falta de competencia en el sector, pues sólo unas cuantas empresas tienen un poder de mercado suficiente para hacer valer su peso frente a los competidores; esto originó que las concesiones para construir, operar y explotar vías férreas se otorgarán hasta por un plazo de 50 años.

Por ello, el proyecto modifica el artículo 11 de la Ley para establecer que las concesiones tengan una vigencia de 30 años, con posibilidad de prorrogarse en cuanto las empresas otorguen mejores resultados en un plazo más corto de tiempo y promuevan servicios de calidad.

Los concesionarios y permisionarios estarán impedidos a negar el servicio público de transporte ferroviario de carga a cualquier usuario que se los solicite y no deberán realizar actos que resulten discriminatorios en contra de algún usuario o concesionario.

Avalaron, también que cuando se preste dicho servicio sin la concesión respectiva, se multe con el equivalente de entre 5% y 10% de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario.

Además, si la asistencia ferroviaria se realiza con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes, se aplique una multa por el equivalente.

En el documento también se menciona que en México actualmente 95% de la industria ferroviaria descansa en un consorcio y una empresa, lo que implicaría la existencia de duopolios en el mercado nacional.

En este contexto, los ferrocarriles no presentan condiciones de competencia efectiva por lo que, en ausencia de una adecuada regulación, los concesionarios aprovechan su posición de mercado para fijar las tarifas y otras condiciones del servicio de manera unilateral y obtener ganancias “extra normales”.

Se plantearon procedimientos efectivos para establecer medidas que restauren las condiciones de competencia en aquellas rutas o trayectos en que la Cofece haya determinado una ausencia de condiciones de competencia efectiva.

El 12 de junio de 2020, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno de la 4T busca controlar el sistema ferroviario nacional.

A través de un proyecto para transformar el sistema ferroviario nacional, el gobierno federal busca recuperar el control y fijar un plan rector de 50 años con un marco legal, regulatorio y fiscal que ofrezcan beneficios a todos los sectores y no sólo a las empresas que “toman decisiones siguiendo sus propios intereses” o que han invertido obedeciendo a “compromisos político-electorales que no brindaron los beneficios sociales que proclamaban”.

El proyecto denominado Gran Visión Sistema Ferroviario Mexicano, elaborado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planteaba que “es necesario iniciar la transformación del sector [pues] la falta de competitividad regional afecta a industrias y a los ciudadanos”.

El gobierno federal estimó en ese momento que hay una demanda importante no atendida de transporte ferroviario de carga y pasaje, y que se puede cubrir en el mediano plazo estableciendo nuevas reglas del juego.

Indicaba que, de la infraestructura existente, 3 mil 525 kilómetros de vías se encuentran sin operación o en desuso, ya sea debido a que no fueron concesionados o a que los concesionarios las abandonaron debido a que no les resultaban altamente lucrativas, lo que significa que el sector ferroviario ha olvidado atender la industria nacional pequeña y mediana, así como a los pequeños productores.

Detallaba que, del total de la red en operación, dos empresas concentran 81.5% de la red ferroviaria, mientras que 18.5% se reparte entre siete concesionarios o asignatarios, incluidas las participaciones federal y estatal en algunos casos.

***Con información de Noé Cruz

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