La Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrará su primera sesión del año hoy, en la que se abordarán dos puntos de acuerdo que piden al Senado de la República crear la comisión especial para investigar el accidente en el que falleció la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador .

El primer acuerdo presentado por el Partido Acción Nacional (PAN) solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado que se cree la comisión con el fin de involucrar al Poder Legislativo como vigilante de las investigaciones que garantizó el Ejecutivo federal y el local.

En su proposición, los panistas celebran que las investigaciones por parte del gobierno poblano y del federal iniciaran a pocas horas de ocurrido el accidente, igual que los esfuerzos por traer a expertos internacionales para coadyuvar en el avance de la misma.

“Desde ese día han corrido distintas versiones sobre los hechos y muchas especulaciones, las cuales provocan una gran incertidumbre en la población, además de generar especulaciones que dañan a las personas e instituciones”, argumentó el PAN para exigir que se cree la comisión especial.

Otra solicitud fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tal como lo anunció el coordinador de los priistas en la Cámara alta, Miguel Ángel Osorio Chong , el pasado 26 de diciembre.

Osorio Chong y Manuel Añorve Baños firman el punto de acuerdo que es aún más específico respecto a que en el accidente podría haber involucrados de Morena, al especificar que Puebla se vio envuelto en un confito post electoral grave.

“Puebla vivió un episodio polarizante en el que el candidato perdedor se declaró “gobernador legítimo” del Estado, desconociendo el proceso, y descalificando a las instituciones, así como a la occisa gobernadora, e iniciando una “resistencia civil” contra la mandataria estatal”, destacaron los priistas.

Por su parte, el grupo parlamentario del PT presentará también un punto de acuerdo para que el Congreso poblano convoque a la brevedad a elecciones para gobernador, y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que sea éste quien se encargue de que las mismas se realicen en un marco de transparencia y legalidad.

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