Comisión de Justicia del Senado aprueba renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte

Morena y sus aliados impusieron su mayoría y aprobaron en la Comisión de Justicia del Senado la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una votación a mano alzada, los senadores del bloque oficialista avalaron con 12 votos a favor y siete en contra la dimisión de Zaldívar, ante el rechazo de la oposición, que argumentó que no se justifica la causa grave que establece la Constitución Política.

Germán Martínez Cázares propuso la comparecencia del dimitente, pero Morena se opuso, al advertir que la ley no lo obliga a asistir ante el Congreso a explicar las motivaciones de su renuncia.

“La mudanza de un árbitro constitucional no es un cambio de jugador en un equipo de futbol que se realiza en un minuto. Existe obligación de esgrimir una causa grave para renunciar a ser juez constitucional”, sostuvo.

Dijo que como la escultura del Manneken Pis (El niño mión), de Bélgica, el ministro Zaldívar “miccionó” sobre toda nuestra historia constitucional con su renuncia.

“El niño mión de Bruselas es un símbolo de libertad de la ciudad. Aquí el ministro renunciante no goza de libertad por burlarse del parlamento mexicano, simplemente es un hombrecito desnudo éticamente que cambió de amo. Se desprenderá de la toga, pero no del servilismo”, expresó Martínez Cázares.

Dijo que esto “avergüenza al Poder Judicial, creo que esto avergüenza a su Escuela Libre de Derecho, creo que nos avergüenza a quienes nos dedicamos al derecho”.

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Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, y Claudia Ruiz Massieu, senadora sin partido, también votaron en contra y anunciaron la presentación de un voto particular.

Castañón reprochó a Zaldívar la falta de sinceridad para reconocer las causas graves de su dimisión.

“Tan fácil que era para él decir que había caído en parcialidad, que había perdido la confianza en sus razonamientos jurídicos, que está carente y falto de abstracción en sus decisiones, que tuvo un detrimento en su autonomía y en su criterio jurídico, que carece de confianza por sesgos políticos manifiestos. (…) Tan sencillo que es justificar la causa grave diciendo que ha perdido la dignidad, el valor y la valentía para desempeñar el alto cargo de ministro de la Suprema Corte por el que juró defender la Constitución y hoy ya no puede seguirla defendiendo ni protegiéndola”, lamentó.

Ruiz Massieu argumentó que un ministro tiene la prerrogativa de renunciar, siempre que esté explícita la causa grave:

“Lo que yo no puedo aceptar y no deberíamos aceptar es que el Senado de la República nada más avale una simulación, que sea cómplice de un procedimiento bastante falso, cuya conclusión ya está definida porque tanto el ministro como el Ejecutivo consideraron que es grave”, apuntó.

El panista Damián Zepeda declaró que no sería digno que Arturo Zaldívar continuará como juez constitucional, porque “perdió ya toda capacidad de ser ministro”.

Manifestó que “no es deseable que mañana otros sigan el camino de Zaldívar. No es deseable que los ministros y ministras de la Corte la usen como trampolín político. (…) Aquí estás usando el trampolín para irte. La verdad está lastimando a la Corte, es la verdad hombre, y no está bien, no está bien lo que se está haciendo”.

El único morenista que cuestionó las motivaciones del ministro fue Rafael Espino, quien anunció su voto a favor de la renuncia, pero la calificó de “inconstitucional”, porque no existe causa grave.

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“La renuncia establece un mal precedente, trivializa las causas de separación de la Corte Suprema y contraviene la intención y el espíritu de nuestra Carta Magna. Más aun, haber anunciado el solicitante su adhesión a un proyecto político, cualquiera que este sea, evidencia la utilización del cargo como escalón y contribuye a una indebida politización del Poder Judicial, poniendo en entredicho la tan necesaria autonomía que es el cimiento de la división de poderes”.

En el dictamen avaló establece que “nadie puede ser forzado a desempeñar un cargo público, es decir, no se puede obligar a nadie a desempeñar una función y un cargo que no desee, porque lo protege también la Constitución”.

El dictamen aprobado fue turnado a la Mesa Directiva, a fin de que la presente ante el Pleno para su discusión y votación en la sesión de este miércoles.

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