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Un grupo de juristas se pronunciaron a favor de una reforma judicial en México, que cuide el equilibrio de poderes, resaltaron que toda reforma que pretenda incidir en un mayor, eficiente y eficaz acceso a la justicia debe ser bienvenida en el país en el que las mayorías tradicionalmente se han hallado excluidas de tan vital servicio público.
El colectivo de juristas, integrado por Rafael Estrada Michel, César Alejandro Ruíz Jiménez, Juan Carlos Cruz Razo, Luis Vega Ramírez y Arturo Pueblita Fernández manifestaron que las propuestas que ahora se discuten cara a la reforma judicial, no lesionen la división de poderes que ha costado décadas instrumentar y poner en práctica.
Abundan que aquellos que realizan el trabajo de juzgar en todo momento deben tener claro que no tienen por qué agradar a nadie, mucho menos a aquellos que lo votaron, porque su única obligación es encontrar la solución más justa en el marco del orden constitucional.
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Rafael Estrada explicó que en el derecho existe complejidad, contexto e interpretación, que no hay normalmente casos fáciles, y los asuntos que se desenvuelven en los tribunales siempre se llega más de una posición encontrada y discutible que requiere largas horas de estudio y reflexión.
“No es posible, hacer del juez una boca inerte y robótica de la voluntad legislativa resultaría reduccionista y empobrecedor, porque su experiencia aporta a la hora de integrar el orden jurídico. Someter a quien juzga a pesquisas que partan de la sospecha de que sus pensamientos delinquen terminará por excluir a los audaces y someter a los cobardes.
“En ambos casos, la división de poderes quedará dañada, la imparcialidad judicial se tornará imposible y el acceso a la justicia quedará como uno más de nuestros seculares anhelos inacabados”, comentó el también exdirector General de la Judicatura Federal y del Instituto Nacional de Ciencias Penales,
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El colectivo de juristas se pronunció a favor de perfeccionar la carrera judicial, extendiendo su influencia a fiscalías y defensorías públicas y estructurando un modelo funcional de formación, capacitación y certificación de quienes operan el Derecho, incluyendo a juristas privados, peritos e investigadores policiales.
“No hay razón para tolerar los excesos voluntaristas y politizados de una Judicatura mal formada e inexperta, tampoco se debe apostar por tornar a modelos de facultades exacerbadas para Legislaturas y Ejecutivos. En la sana y equilibrada división de poderes está la clave”, puntualizó.
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