Por incurrir en responsabilidad institucional al no prevenir, investigar, sancionar y reparar la continua afectación a los derechos al medio ambiente , la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) emitió una recomendación a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Economía (SE), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al gobernador de , Alfonso Durazo Montaño, y a los integrantes del ayuntamiento de La Colorada, en la misma entidad.

Según la CNDH, la Semarnat no evalúo de manera integral el Proyecto Unidad Minera La Colorada y en 2018 lo hizo solo de manera parcial, tampoco consideró los impactos acumulativos y sinérgicos de las actividades extractivas en el municipio en relación con la población y los factores ambientales y sociodemográficos.

En tanto, dijo, la Secretaría de Economía no atendió el principio de debida diligencia para llevar a cabo las inspecciones necesarias, en caso de tener conocimiento de posibles afectaciones a la legalidad, como ocurrió respecto de las actividades mineras dentro de La Colorada.

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La Comisión tambien explicó que la Profepa atendió de manera deficiente las denuncias que se le presentaron en el caso de La Colorada; y el gobierno estatal de Sonora no emitió un Ordenamiento Ecológico Territorial, o bien un Plan Director de Desarrollo Urbano, instrumentos necesarios para la gestión de usos de los suelos y protección ambiental.

El gobierno municipal de La Colorada, denunció la CNDH, no elaboró, junto con el gobierno estatal, un Ordenamiento Ecológico Territorial o un Plan de Desarrollo Municipal que contemple la zonificación adecuada y con perspectiva de derechos humanos en el poblado; y es responsable del deficiente suministro del agua potable en esa zona, el cual no cumple con los criterios internacionales en materia de salud y derechos humanos.

Por ello, la Comisión pidió a la Semarnat, a la SE, a la Profepa y al gobierno de Sonora que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brinden la reparación integral a los habitantes del municipio de La Colorada afectados en sus derechos por las obras y actividades mineras, en los términos de la Ley General de Víctimas y de su similar estatal, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

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Además, que colaboren con la CNDH en las quejas que se presenten ante los órganos internos de control de las dependencias federales y con la denuncia que se presente en la Fiscalía General de la República contra las personas servidoras públicas responsables de las irregularidades administrativas que derivaron en las violaciones a los derechos humanos.

También que se imparta un taller de capacitación dirigido a personas servidoras públicas sobre la evaluación del impacto ambiental con el goce y ejercicio de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la salud y condiciones dignas de vivienda, además de contenidos específicos de acuerdo con las atribuciones de cada autoridad.

Al gobernador de Sonora y al ayuntamiento de La Colorada les solicitó realizar un diagnóstico sobre las viviendas afectadas y sobre el centro de población identificado como zona de riesgo, así como sobre la calidad del aire de la zona, con objeto de adoptar las medidas de atención, seguimiento y prevención que se consideren pertinentes.

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