Señor director:
De nueva cuenta me dirijo a usted con motivo de la publicación que mensualmente realiza su colaborador Juan Ricardo Pérez-Escamilla G., quien presenta una “evaluación” mediática de los alcaldes de la Ciudad de México y que en esta ocasión se difunde en la primera plana y en la página A20 de la edición de hoy de El Universal, bajo el encabezado Coronavirus y caso Harfuch impactan en las alcaldías.
Como en diversas ocasiones se le ha informado, el autor incurre en afirmaciones sin sustento, las cuales muestran mala fe o por lo menos una grave y persistente ignorancia de la división de atribuciones y facultades en la administración pública de la Ciudad de México y en el país.
En el caso de Iztapalapa, la “evaluación” respecto de la alcaldesa Clara Brugada Molina prácticamente señala sólo declaraciones y sucesos relacionados con la seguridad ciudadana, materia que es atribución de otros niveles de gobierno y otras instituciones que no son las alcaldías. Lo mismo ocurre en el tema de la salud. Esto se le ha explicado ya en varias ocasiones, pero el autor parece tener algún problema para entenderlo y aplicarlo.
También, como ya se ha subrayado, es evidente la ausencia de una metodología que realmente evalúe el desempeño de los alcaldes por sus responsabilidades, establecidas en diversas leyes, y no sólo lo que parece ser un simple conteo de publicaciones sobre hechos que mencionan a un territorio o, a veces, a un funcionario, sin que lo sucedido forme parte de sus atribuciones.
En la publicación de hoy, se resalta que Junio fue un mes atípico para los ediles, pues los temas principales fueron de violencia y que por lo menos cuatro demarcaciones se ubican dentro de las 20 con más casos de Covid. Estas dos afirmaciones confirman en forma contundente la nula “metodología” empleada por el autor de la publicación al basar su juicio en temas que no forman parte del ámbito de responsabilidad de las alcaldías.
En la Alcaldía Iztapalapa seguimos en espera de que El Universal exponga la metodología (si es que existe) que emplea para deducir que la información que se genera en una demarcación territorial específica, sobre hechos relacionados con distintas materias, incluidas las que no forman parte de las responsabilidades de los alcaldes, constituye una herramienta válida para evaluar el desempeño del titular de uno de tres ámbitos de gobierno que concurren en ese lugar.
Esperamos transparencia de su diario, datos públicos y verificables. Quizá estamos frente a una metodología tan innovadora que automáticamente utiliza las publicaciones en medios de comunicación (¿cuántos y cuáles?) para evaluar a los alcaldes, sólo con que aparezca el nombre de una demarcación, aunque ni se mencione el nombre del funcionario; esto sin contar que el sofisticado sistema de evaluación viole reglas jurídicas elementales y de lógica básica
El público lector de El Universal merece información y artículos con análisis serios y sólidamente fundamentados, no intentos de evaluaciones que sólo buscan manchar a los gobiernos de las demarcaciones con afirmaciones insostenibles y maliciosas.
Por ello, para una mejor comprensión de sus lectores sobre las “evaluaciones” que le ofrece El Universal y en atención al derecho de réplica establecido en la Constitución Política de la República Mexicana, le solicito que, ahora sí, sea publicada la presente en su prestigiado medio.
A t e n t a m e n t e
Lic. María de la Luz Avilés Chávez
Directora de Comunicación Social
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