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Bienestar pide a diputados reforma que prohíba retención de pagos de apoyos sociales

La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, recordó que en San Lázaro ya existe una iniciativa en la materia, misma que será debatida esta misma semana en comisiones

Secretaria del Bienestar pide a diputados reforma para prohibir retención de pagos de apoyos sociales
Foto: Especial
Nación 28/03/2022 17:25 Antonio López Cruz Actualizada 17:51
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La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, solicitó a los diputados federales, el impulso de una reforma que prohíba la retención de los pagos derivados de la entrega de programas sociales como la pensión de adultos mayores o las becas a estudiantes. 

“Recientemente ha surgido este debate sobre la legalidad de las retenciones, descuentos, deducciones o embargos realizados por cuenta de particulares, en perjuicio de los salarios de los trabajadores”, recordó la secretaria.

En respuesta, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, recordó que al interior del recinto Legislativo de San Lázaro ya existe una iniciativa en la materia, misma que será debatida esta misma semana en comisiones.

"Deben generarse las condiciones necesarias para brindar la mayor protección posible a esos recursos, y evitar que sean empleados para el cobro, sin el debido proceso legal previo, de cualquier tipo de deudas, pues ello equivale a un embargo de bienes realizado por un particular sin intervención de las autoridades judiciales a las que legalmente se les ha conferido la labor de autorizar esa clase de acciones", detalló la legisladora guinda.
 

Alavez advirtió que el cobro de deudas sin juicio previo, cuando se trata de recursos provenientes de programas sociales, coloca a la persona vulnerable en un estado adicional de vulnerabilidad, pues se genera un daño económico que afecta su subsistencia y la de su núcleo familiar.

Por ese motivo, insistió en que los recursos que se emplean para garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, así como aquellos apoyos para combatir la pobreza y la desigualdad social, "deben contar con la protección en sede constitucional, así como las garantías procesales que en ella se consignan".

"No se pretende evitar el cobro de deudas; lo que se busca es que las Instituciones financieras no utilicen los fondos que como sociedad aportamos a personas vulnerables, cuya finalidad es cubrir sus necesidades más apremiantes, para cobrar créditos sin el debido proceso legal", detalló.

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ardm/rmlgv

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