Polonia doble rasero de migración
Sin importar quién esté en el poder, es generosa con Ucrania, dura frente al asilo y laxa ante la explotación laboral; los abusos contra indocumentados, sobre todo de México, Colombia y Argentina, han ido en aumento
Bruselas.— Cuando se trata de migración y política humanitaria, Polonia, el gigante del frente este de la Unión Europea (UE), aplica un doble rasero sin importar quién esté en el poder: ultraconservadores o liberales.
Polonia se ha distinguido por ser la nación más generosa con la tragedia ucraniana, pero también por su política extremadamente rigurosa con los refugiados de Medio Oriente y el norte de África que intentan cruzar la frontera desde Bielorrusia. Igualmente, se ha caracterizado por la desatención a las víctimas de explotación laboral. Los abusos contra los migrantes, especialmente procedentes de países como México, Colombia y Argentina, han ido en aumento.
Para la organización Migration Consortium, con sede en Varsovia, el caso polaco es una historia de dos tipos de frontera en la que se aplica una doble moral respecto a la recepción de refugiados.
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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) afirma que desde la invasión a gran escala por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022, “Polonia ha demostrado una hospitalidad excepcional hacia los refugiados de Ucrania”.
Desde el inicio de la confrontación armada, por el país han transitado más de 2 millones de refugiados de Ucrania. Para el 12 de enero pasado, 968 mil ucranianos tenían vigente su registro de protección. Sólo 23% de los titulares del registro conocido como PESEL UKR son hombres de entre 18 y 62 años, la gran mayoría son mujeres y niños. Si bien se ha reducido el acceso a determinadas prestaciones familiares, de asistencia sanitaria y alojamiento para los refugiados ucranianos a partir del pasado 5 de marzo, cuando entraron en vigor nuevas normas jurídicas, y ACNUR ha reportado un aumento constante en el número de solicitudes de asilo denegadas por las autoridades polacas, muchos beneficios de protección prevalecen.
De acuerdo con la información divulgada por la organización especializada en asuntos legales Halina Niec Legal Aid Center (HNLAC), durante la reunión de los grupos regionales de respuesta a la situación en Ucrania celebrada el 23 de febrero, el gobierno continúa ofreciendo alojamiento y alimentación a los recién llegados de Ucrania por hasta 60 días en centros de acogida. Después de esa fecha, la asistencia es para grupos vulnerables como personas con discapacidad, que requieren hospitalización o cuidado de vejez, mujeres y hombres de 60 y 65 años sin pensión o sin familiar polaco, mujeres embarazadas o con bebés de hasta 12 meses.
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Los portadores del carnet PESEL UKR tienen derecho a atención médica gratuita si son menores de 18 años, están embarazadas o son víctimas de violencia sexual. Los ucranianos tienen la opción de aplicar por la residencia temporal, que permite integrarse al mercado laboral y a la vida económica del país.
El gobierno del primer ministro Donald Tusk ha justificado los recortes a la protección temporal, asegurando que la mayoría de los residentes en Polonia trabajan y sus hijos van al colegio, por lo que “podemos eliminar gradualmente estas medidas extraordinarias y pasar de soluciones temporales a soluciones sistémicas”.
Tierra de nadie
El guiño mostrado por el gobierno polaco con la causa ucraniana contrasta con el manejo de la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia. Desde agosto de 2021, el régimen del autócrata presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha usado la frontera con Polonia para sus propios fines políticos. Centenares de migrantes de naciones como Afganistán, Eritrea, Sudán, Etiopía e Irak llegaron al país vía aérea para luego ser empujados “deliberadamente” a la frontera sur. En su reporte de febrero pasado, ACNUR contabilizó 41 mil 807 refugiados, mil 284 solicitantes de asilo y 5 mil 550 apátridas.
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Las autoridades polacas respondieron levantando barreras físicas y legales contra las personas que buscaban protección. En el rubro normativo, tipificaron como delito tanto la migración ilícita en sí misma como los actos de solidaridad con las personas migrantes. En el terreno, construyeron una valla metálica de 206 kilómetros y 5.5 metros de altura, resguardada por 3 mil cámaras con visión nocturna y sensores de movimiento, así como alambre de púas en forma de espiral que se desplaza tanto en la parte superior como en la base de la infraestructura.
A la restricción del acceso a la protección internacional del lado polaco, Bielorrusia respondió construyendo también fortificaciones, con lo cual, ambos países terminaron creando una peligrosa trampa para las personas más vulnerables. Los desplazados de habla árabe suelen referirse a esa zona como muharrama, la tierra de nadie.
“La barrera actúa como un instrumento de violencia, exponiendo deliberadamente a las personas a lesiones graves, como cortes por alambre de púas, fracturas y contusiones. Durante las devoluciones forzosas, las personas, independientemente de su edad o género, son devueltas por la fuerza al lado bielorruso, a la muharrama, donde a menudo pasan entre varios y hasta decenas de días, sin poder, con frecuencia, regresar libremente a las localidades bielorrusas desde las que partieron”, señala Save the Children en un informe en el que examina la situación desde el inicio de la crisis hasta septiembre de 2025.
“Según testimonios, los servicios de seguridad bielorrusos que controlan la zona fronteriza impiden a menudo que las personas en movimiento se retiren, obligándolas a realizar repetidos intentos de cruzar la barrera polaca, independientemente de su edad o condición física”.
En muharrama no hay agua potable, sólo la disponible en ríos, lagos o charcos, y la comida, el alojamiento y la atención médica son de acceso limitado, llegan a cuentagotas por voluntarios, activistas y residentes que operan de manera informal y a menudo en secreto.
Se desconoce con precisión el número de personas que ahí se concentran, debido a que están en constante movimiento, pero a finales de septiembre de 2025 había por lo menos 168 niños, es decir, 9% de todas las personas que se pusieron en contacto con Grupa Granica, la red de organizaciones que da seguimiento a la situación.
La asociación We Are Monitoring, que también es miembro de la coalición, ha contabilizado desde 2021 un total de 103 fallecimientos, 26 mil 435 solicitudes de asistencia y 13 mil 236 devoluciones. El grupo más numeroso que ha pedido asistencia proviene de Siria, seguido de Somalia, Afganistán, Etiopía, Yemen y Sudán.
De América Latina registra 115 solicitudes de Cuba, dos de Haití, una de Guayana Francesa y una de México.
Empleadores deshonestos
Al margen de las evoluciones en las fronteras polacas, al interior del país ha habido un constante aumento de los abusos laborales a migrantes, como trabajo forzoso, retención de salarios y atropellos en materia de vivienda.
Esto quedó evidenciado en una investigación realizada por Migration Consortium y la Organización Mundial de las Migraciones que abarca el periodo de 2022 a 2024.
De acuerdo con la información del Centro Nacional de Intervención y Asesoramiento para Víctimas de la Trata de Personas (KCIK), la mayoría de las víctimas sometidas a trabajo forzoso procedían de América Latina.
Entre 2021 y 2024 asistió a mil 48 personas, de las cuales 204 fueron de Colombia, 115 de México, 50 de Guatemala, 36 de Venezuela, 23 de Argentina y 10 de Filipinas.
Entre las formas de explotación más frecuentes están el trabajo forzoso, la mendicidad, la servidumbre doméstica, actividades delictivas y la explotación sexual.
Por lo regular, involucra actividades relacionadas con la agricultura, la construcción, la industria textil, el procesamiento de pescado, el trabajo doméstico y los restaurantes. El hospedaje suele ser proporcionado por el empleador, pero generalmente con exceso de residentes y condiciones de vida inadecuadas.
“Muchos migrantes llegan a Polonia con la esperanza de obtener un empleo legal, pero rápidamente caen en manos de agencias de empleo y empleadores deshonestos, quienes los hacen dependientes al retirarles sus documentos e imponer cuotas y deudas injustificadas.
“Los migrantes, especialmente los procedentes de fuera de la Unión Europea, suelen carecer de acceso a información fiable sobre las condiciones de estancia y trabajo en Polonia. A menudo son engañados, sobre todo durante la fase de contratación, antes de salir de su país de origen”.
El estudio considera que el problema reside principalmente en la falta de soluciones legales, organizativas, institucionales y financieras para contrarrestar la explotación en el ámbito laboral y de la vivienda.