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Perú: espejo regional de fragilidad en instituciones

América Latina exhibe democracias jóvenes que, a veces, cojean y retroceden

02/10/2019 |11:29José Meléndez, corresponsal |
Redacción El Universal
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San José.— El agudo choque de poderes que estalló el pasado lunes en Perú evidenció la fragilidad institucional que corroe a otras naciones de América Latina y el Caribe.





Por factores democráticos, electorales, partidistas, políticos, judiciales y socioeconómicos, y de impunidad y corrupción, Venezuela, Nicaragua, Haití, Bolivia, Guatemala y Honduras ejemplifican una debilidad institucional. Perú es sacudido por la puja entre el gobierno y el Parlamento en una controversia constitucional con dos presidentes, la disolución del Legislativo y la convocatoria a comicios.

Los casos golpean a una región que transitó por dictaduras militares y regímenes de facto de distinto signo ideológico en gran parte del siglo XX, con o sin apoyo de Estados Unidos o de la ya desaparecida Unión Soviética, en el esplendor de la Guerra Fría. La zona exhibe democracias jóvenes que, a veces, cojean y retroceden sin consolidarse con mayoría de edad, adultas y maduras, y retornan a modelos autoritarios de creciente intolerancia y represión, como en Venezuela, Honduras, Nicaragua y Haití.

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El presidente de Bolivia, Evo Morales, intenta reelegirse en los comicios del próximo 20 de octubre para un cuarto periodo presidencial consecutivo desde enero de 2006 y a partir de enero de 2020 para gobernar hasta enero de 2025, pese a los dilemas constitucionales. La oposición denunció la reelección como ilegal y Morales la defendió como derecho humano.

Las protestas en Haití estallaron en febrero anterior y recrudecieron esta semana para exigir la renuncia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, por presunta corrupción con 3 mil 800 millones de dólares de préstamos de Petrocaribe, que controla la ayuda de Venezuela al Caribe con el ya endeble músculo petrolero de Caracas.

Con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y su sucesor, Alejandro Giamma- ttei, a partir del 14 de enero de 2020, la oligarquía política y económica tradicional guatemalteca reafirmó su control sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Morales cerró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que funcionó desde 2007 avalada por la Organización de las Naciones Unidas para atacar la corrupción endémica. En un golpe institucional encubierto como defensa de la soberanía, el gobernante se negó a que la CICIG renovara su mandato a partir del 3 de septiembre de 2019.

En Honduras, sangrientos choques entre policías y ciudadanos se desataron desde marzo de 2019 para exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández a la Presidencia por supuestos lazos con el narcotráfico y su presunta reelección ilegal y fraudulenta en noviembre de 2017. Hernández rechazó dimitir, negó tener nexos con el tráfico de drogas y alegó que su reelección fue legítima.

En Nicaragua, una honda crisis estalló el 18 de abril de 2018 por el rechazo popular a una reforma a la seguridad social que el gobierno aceptó eliminar, pero la derogación activó una masiva protesta cívica opositora que acusó de dinastía dictatorial al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y les exigió, sin éxito, dimitir para que el país retorne a la democracia.

Venezuela aportó al frágil panorama: dos presidentes, reconocidos o desconocidos dentro y fuera del país, un Parlamento con dominio opositor y declarado en desacato por el oficialismo, una asamblea constituyente oficialista y la zozobra total.

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