Ginebra.— Un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos , que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, al presentar ayer un informe en el que reclamó sanciones internacionales.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua menciona “graves violaciones y abusos de los derechos humanos”, incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos , y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, afirmó el presidente del grupo, Jan Simon.
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“La población vive aterrorizada (...) Casi todos los medios independientes y las ONG trabajan desde el extranjero” y “la situación sigue empeorando”, insistió Simon en rueda de prensa en Ginebra, junto a la experta colombiana Ángela María Buitrago.
El grupo de expertos es independiente y fue creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el gobierno de Daniel Ortega , cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos (opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas).
El pasado 9 de febrero, el gobierno de Ortega liberó a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de “traidores a la patria”.
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Una semana después le retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Buitrago señaló la “amenaza constante” que pesa sobre los nicaragüenses “de ser denominados traidores”, que se “cancele su nacionalidad” y sean “deportados”. Esta situación recuerda “periodos muy oscuros de la historia”, subrayó Simon.
El reporte constató que el gobierno nicaragüense ha incurrido en actos como la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.
Los especialistas cifraron en “miles” los nicaragüenses afectados por la violación de derechos humanos. El reporte recalca que los abusos “no son un fenómeno aislado”, sino el fruto de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
Simon acusó a Ortega, quien gobierna con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de “instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral” para “reprimir” las libertades fundamentales y “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
El Estado y los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, exigieron los expertos, sea bajo el derecho internacional penal, la legislación nicaragüense o de terceros países.
El informe precisa que la policía nacional y grupos armados progubernamentales incurrieron, coordinadamente, en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas que se prolongaron por casi cinco meses en 2018. Unas muertes cuya investigación obstruyó el gobierno, agregó. Además, acusan a policías, funcionarios penitenciarios y miembros de grupos armados progobierno de cometer actos de tortura, incluida la violencia sexual, en los interrogatorios.
El grupo instó a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de los abusos y a incrementar las sanciones económicas y diplomáticas.
“Esperamos que otros países de Latinoamérica entiendan el deber de protección de las comunidades vecinas, pero también los efectos que puede causar en la región esta forma de actuar”, dijo Buitrago, expresando preocupación por “la crisis humanitaria que pueda surgir en la región”.
En el documento, los expertos instan al gobierno a terminar con “las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos”, y a abrir investigaciones independientes de los abusos denunciados.
El grupo señaló que trabajó en el caso de Nicaragua en 2022 y aunque envió 11 cartas a las autoridades entre junio y diciembre, “no recibió respuesta alguna”. Por el contrario, el gobierno de Ortega envió una comunicación al presidente del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2022 rechazando el mandato del grupo.
El trabajo consistió en la investigación detallada de 142 casos individuales de violaciones de derechos humanos a partir de más de 160 pruebas documentales confidenciales y reportes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
El informe fue respaldado por Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien dijo que su país vive “una grave crisis” ante la cual “la comunidad internacional debe actuar”.
Destacó que su colectivo y otras 18 organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Coalición Nicaragua Lucha están solicitando a las Naciones Unidas que extienda el mandato del grupo. En su informe, el grupo demandó la “liberación inmediata” de todos los opositores que continúan presos, cuya cifra ronda los 40, según organizaciones opositoras.
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