Ginebra

.- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet , urgió este martes a Managua a un "cambio urgente" de actitud en el proceso electoral y a "liberar" a los opositores detenidos "arbitrariamente" meses antes de las elecciones.

"Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral", dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, llamando a "liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente".

La expresidenta chilena urgió a "cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático".

En paralelo a la reunión, 59 países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil y España, también llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes.

"Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas", agregan estos países, que llaman a Managua a "comprometerse con la comunidad internacional" y a "permitir la presencia de observadores electorales internacionales".

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"Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas, mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica", concluyen las 59 naciones.

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Ante el Consejo, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, denunció por su parte las "acciones injerencistas" de Estados Unidos y de las naciones europeas y defendió que las leyes en Nicaragua, que "se respetan", "son similares o iguales a la de cualquier país del mundo".

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A cinco meses de las elecciones generales, las autoridades del país centroamericano han detenido a 19 opositores, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia, el último de ellos la ex primera dama María Fernanda Flores, el lunes.

A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que "menoscaban la independencia, soberanía" e inciten "a la injerencia extranjera".

Estas detenciones, según los analistas, buscan despejar el camino para la reelección del sandinista Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo al frente del país.

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Ortega

, de 75 años, encara una crisis política desde 2018, tras manifestaciones contra su gobierno que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.

agv

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