Este 2025 fue el del regreso de los nacionalismos, empezando por EU, con el inicio del, quien ha lanzado acciones antiinmigrantes y ataques contra el “narcoterrorismo”, además se eliminó el multilateralismo, en un tiempo en el que la ONU muestra que sabe lo que pasa en el mundo, pero no siempre puede hacer al respecto. Además, fue el periodo del fracaso de las cumbres y la democracia en riesgo

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Estados Unidos y la ilusión de la democracia asegurada

Aranza Hernández González, Internacionalista especializada en estudios de género

El panorama actual de los confirma el hecho de que ninguna democracia es intrínsecamente estable ni irreversible. La de la justicia, el uso del poder para hostigar a la oposición política y la deslegitimación sistemática de los medios de comunicación no son anomalías aisladas, sino síntomas de una erosión más profunda en la relación entre instituciones, poder y ciudadanía.

Las democracias contemporáneas no colapsan de forma abrupta; su debilitamiento suele ser crónico y gradual. En el contexto estadounidense, este deterioro se puede apreciar a través de la instrumentalización del sistema judicial, erosionando así la confianza pública en la imparcialidad del Estado de derecho, pues normaliza la idea de que la ley puede funcionar como un arma política. Paralelamente, el ataque sostenido contra los mecanismos de producción y difusión de información ha contribuido a la consolidación de una cultura de polarización afectiva, estructurada en torno al miedo y la lealtad identitaria.

Los retrocesos democráticos nunca son políticamente neutros, promueven proyectos de nacionalismo excluyente que redefinen quién pertenece y quién queda fuera del imaginario nacional. Los derechos de los grupos históricamente marginados se convierten en territorios de disputa simbólica y política, al ser considerados una amenaza a la identidad nacional homogénea. La justicia politizada, en consecuencia, no sólo se dirige contra la oposición mediática y política, sino que legitima marcos culturales que excluyen y disciplinan cuerpos, identidades y voces que no encajan en el proyecto de nación post democrático.

Lo que ocurre en Estados Unidos debe leerse como una advertencia global. Las democracias no se sostienen únicamente por su arquitectura constitucional, sino por culturas políticas que reconocen la legitimidad del pluralismo y la centralidad de los derechos humanos. Asumir que una democracia está garantizada por su historia o su poder es, por sí mismo, una de las condiciones que más facilitan su deterioro.

Asistentes a una manifestación contra ICE
en un barrio de Minneapolis, Minnesota,
el 20 de diciembre pasado, donde viven y trabajan numerosos inmigrantes somalíes, latinos e hispanos. Foto: Kerem Yucel / AFP
Asistentes a una manifestación contra ICE en un barrio de Minneapolis, Minnesota, el 20 de diciembre pasado, donde viven y trabajan numerosos inmigrantes somalíes, latinos e hispanos. Foto: Kerem Yucel / AFP

Política exterior mexicana: Reflexiones a un año de gestión

Belén Elizabeth Licona Romero. Candidata a Doctora en Seguridad Internacional por la Universidad Anahuac México. Maestra en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional por la University of Aberdeen en Reino Unido

El primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum concluye en un entorno de profunda reconfiguración del orden internacional. Ante un escenario global caracterizado por la multipolaridad y el retorno del proteccionismo, la política exterior ha transitado hacia una estrategia proactiva.

La relación con Estados Unidos, marcada por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, ha sido abordada bajo una lógica de interdependencia y corresponsabilidad. Preparar el terreno para la revisión del T-MEC en 2026 se presenta como la oportunidad de reafirmar a Norteamérica como el bloque económico más competitivo frente a otras regiones.

En este sentido, la implementación de aranceles a productos provenientes de regiones con las que no existen tratados comerciales, particularmente China, constituye un ejercicio de estrategia económica. Esta medida busca asegurar que el nearshoring incentive la creación de valor real en suelo nacional y proteja la planta productiva local. Asimismo, busca consolidar al país como el destino más viable para la inversión de alta tecnología en la región.

Complementariamente, la revitalización de la relación con Europa es una diversificación estratégica. La próxima firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea permitirá a México acceder a una mayor transferencia tecnológica y a modelos de desarrollo sostenible. Esta faceta de la política exterior equilibra la balanza, demostrando que la integración norteamericana no es excluyente de un multilateralismo activo.

En suma, el primer año de gestión proyecta una diplomacia equilibrada, donde México ha logrado armonizar su integración con Norteamérica con una apertura hacia el mercado europeo. La política exterior actual busca consolidar una hoja de ruta de largo plazo al convertir los desafíos geopolíticos en una ventaja competitiva y reafirmar su capacidad como un actor propositivo en el escenario global.

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La ONU y el bloqueo que la asfixia

Yu Chen Cheng, asociado COMEXI @Chennie_tw

En 2025, la ONU volvió a mostrar su mayor debilidad: sabe lo que pasa en el mundo, pero no siempre puede hacer algo al respecto. El mejor ejemplo está en los conflictos activos de este año, donde la violencia creció mientras el Consejo de Seguridad discutía sin llegar a acuerdos. Una y otra vez, resoluciones para frenar ataques o permitir ayuda humanitaria quedaron detenidas por el uso del veto.

El problema no es nuevo. El poder de veto fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para mantener a las grandes potencias dentro del sistema. En su momento funcionó. Hoy, en cambio, se ha convertido en un candado. Basta que uno de los cinco miembros permanentes diga “no” para que la ONU quede paralizada, incluso frente a crisis evidentes.

Este año, esa parálisis fue más visible que nunca. Mientras la situación humanitaria se deterioraba en distintas regiones, la respuesta internacional fue lenta y limitada. No porque faltara información, sino porque las reglas internas del organismo impidieron actuar. Para muchos países y observadores, el mensaje es preocupante: la ONU parece atrapada en su propio diseño.

Por eso, en 2025 crecieron los llamados a reformar a la Organización de las Naciones Unidas. La advertencia es clara: si el veto sigue operando como hasta ahora, el organismo corre el riesgo de volverse irrelevante. No se trata de eliminarlo sin más, sino de poner límites, sobre todo cuando están en juego crisis humanitarias o violaciones graves al derecho internacional.

La renovación de la ONU no es un capricho ni una moda. Es una necesidad. Un mundo más fragmentado y conflictivo requiere instituciones capaces de decidir, no sólo de debatir. Si la ONU no se adapta, otros mecanismos ocuparán su lugar, pero sin reglas claras ni consensos amplios.

En 2025 quedó claro que el mayor enemigo de la ONU no está fuera, sino dentro de su estructura. Reformarla será difícil, pero no hacerlo puede costarle lo más importante: su razón de ser.

¿Podrá la ONU renovarse en 2026? Ya lo veremos.

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Manifestantes se enfrentaron contras las
fuerzas de seguridad en un intento de
invasión a la sede de la COP30, el 11
de noviembre pasado, en Belém. Foto: André Coelho / EFE
Manifestantes se enfrentaron contras las fuerzas de seguridad en un intento de invasión a la sede de la COP30, el 11 de noviembre pasado, en Belém. Foto: André Coelho / EFE

Las reglas ya no bastan

Jesús Isaac Flores Castillo. Miembro del Servicio Exterior Mexicano y candidato a doctor en Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac. Las opiniones expresadas son a título personal

Hasta hace poco, se pensaba que los nacionalismos del siglo XXI eran una reacción pasajera a crisis acumuladas. 2025 no fue el año en que reaparecieron, sino aquel en el que se volvieron costumbre. Sin estridencias ni rupturas dramáticas, los Estados comenzaron a tratar la cooperación internacional como una variable contingente, subordinada a cálculos de poder y no como un objetivo.

Las instituciones multilaterales siguen en pie, pero cada vez funcionan menos como espacios de cooperación y cada vez más como instrumentos para administrar la competencia entre Estados. El comercio, antes promesa de prosperidad compartida, pasó a leerse como fuente de vulnerabilidad estratégica. La eficiencia económica cedió terreno frente a la seguridad industrial y el control político. La fragmentación de reglas y la securitización de la interdependencia hoy afectan especialmente a economías medias, menos capaces de imponer estándares o negociar excepciones.

El regreso de Donald Trump aceleró esta tendencia, pero no la originó. Su principal aporte fue normalizar, sin pudor, prácticas que otros gobiernos ya venían adoptando con mayor discreción. Más que romper reglas, evidenció que el multilateralismo nunca sustituyó al interés nacional, fue una forma circunstancial de canalizarlo.

La reacción internacional fue reveladora. No hubo una defensa coordinada del orden liberal y no porque dicho orden dejase de funcionar. Por décadas contribuyó a reducir la pobreza, expandir el comercio, multiplicar los Estados soberanos tras la descolonización y sostener un periodo inédito de paz sistémica. Pero esos logros, acumulativos y de largo plazo, ya no generan legitimidad política inmediata en un contexto de desaceleración y competencia geopolítica abierta.

2025 no marcó el fracaso del liberalismo, sino el fin de la creencia de que sus éxitos pasados bastan para garantizar su continuidad futura. El reto será aprender a cooperar en un sistema donde la confianza dejó de ser el punto de partida.

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Unwilling or Unable: la Doctrina de la Agresión Unilateral

Rodrigo Cornejo. Mtro. en Seguridad y Políticas Públicas

En 2025, la geopolítica de la prohibición dio un giro perverso al pasado. Mientras la violencia organizada a través del “narco” mexicano opera como corporación global, Washington busca imponer una securitización absoluta. La estrategia de Estados Unidos de calificar a los cárteles como terroristas busca instalar una doctrina jurídica llamada Unwilling or Unable (Indisposición o Incapacidad) que lleva desde 2001 buscando instalarse como norma internacional.

Esta doctrina pretende legitimar la agresión extranjera si un Estado "víctima" determina unilateralmente, que un Estado desde donde se originó una agresión de actores “no estatales” no puede suprimirla. Al definir al narco (un actor “no estatal”) como amenaza nacional, Estados Unidos mantiene vivo el argumento de que México es incapaz de contenerlo. La etiqueta de terrorismo es el dispositivo con el cual se hace posible una "legítima defensa" extraterritorial: el uso de fuerza se justifica aun si el Estado territorial no consiente o propone cooperación y paz. Es así como se justifica la actual agresión a Venezuela.

México ha denunciado esto ante organismos internacionales como una violación al artículo 51 de la Carta de la ONU. Esta oposición pública y reiterada frente a la práctica de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido le da a México el estatus jurídico de opositor persistente a esta doctrina, haciendo posible recurrir al derecho internacional para defenderse de una futura agresión.

La oposición de México parte del peligro que esta doctrina representa, permitiendo a las potencias operar sin límites, bajo criterios amorfos de capacidad definidos por juristas o funcionarios que no rinden cuentas a nadie. El narcotráfico es un fenómeno de mercado global, impulsado por la crisis de valores que la presidenta Sheinbaum ha señalado. Combatirlo mediante guerras de agresión hace al mundo más violento. Además, cierne sobre Estados Unidos el fantasma del enorme costo material y humano de una invasión ilegal: la destrucción de Iraq bajo mentiras las neoconservadoras que el movimiento MAGA denunció con tanta fuerza ante el pueblo estadounidense.

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Migrar en tiempo de repliegue

Scarlett Limón Crump - Analista Internacional

En 2025, migrar se ha convertido en un acto de resistencia. No porque las personas se muevan más, sino porque las posibilidades de hacerlo con dignidad se han reducido al mínimo. Las rutas se cierran, el asilo se condiciona y la movilidad humana se administra, cada vez con mayor frecuencia, desde la lógica del castigo.

Estados Unidos marca el tono del repliegue. La persecución contra personas migrantes, mayoritariamente latinoamericanas, se ha normalizado bajo discursos de seguridad y control. Separación de familias, detenciones prolongadas, deportaciones aceleradas y perfiles raciales configuran un escenario que trasciende la política migratoria y se instala como una violación sistemática de derechos humanos.

Europa vive su propia contradicción. Mientras los conflictos armados y las crisis económicas empujan a millones a huir, desde Ucrania hasta Medio Oriente con Gaza como uno de los simbolos extremos de devastación humana de nuestros tiempos, varios gobiernos optan por restringir el asilo y externalizar fronteras. No es una crisis de capacidad, sino de voluntad política y de memoria histórica.

En América Latina, la presión adopta otra forma. La región concentra flujos del Sur Global y atraviesa una transformación silenciosa: de espacio de tránsito y refugio a territorio de contención. México se consolida como frontera extendida; Centroamérica como corredor de desgaste; Sudamérica como destino tensionado. La ausencia de una respuesta regional coordinada convierte la movilidad en crisis crónica.

Este giro no es casual. El avance de gobiernos de derecha ha legitimado narrativas de cierre, donde la persona migrante deja de ser sujeto de derechos para convertirse en amenaza electoral. Cuando el poder político normaliza el rechazo, habilita el abuso y diluye la responsabilidad.

Cerrar fronteras no detiene la migración; sólo la desplaza hacia la clandestinidad, el riesgo, la violencia y la trata.Tal vez el dilema de 2025 no esté en el movimiento de las personas, sino en la quietud de las conciencias. Porque cada frontera que se cierra no sólo delimita un país: dibuja, con precisión incómoda, el mapa ético de nuestra época.

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El espejismo de la "mano dura": ¿Quién paga el costo?

Martha Ham - Analista

El panorama de América Latina en este 2025 es alarmante. Se ha instalado una especie de "moda” por la mano dura donde los líderes compiten por ver quién es más inflexible. De la Argentina de Milei a El Salvador de Bukele, pasando por el avance de Kast en Chile, el guion se repite: figuras que prometen orden inmediato y se presentan como salvadores. Sin embargo, al bajar a la calle, queda claro que ese "orden" lo termina pagando la clase trabajadora.

La primera herramienta es la tijera presupuestaria. Bajo el concepto de "eficiencia", se le quita el piso a quienes ya hacían malabares para subsistir. Cuando se congelan pensiones o se recortan medicamentos bajo el lema de que "no hay plata", no hablamos de cifras frías; hablamos de un abandono con rostro de anciano, de paciente o de estudiante. Este ahorro no busca salud financiera, sino que revela una deshumanización que borra a quien no encaja en el modelo de país.

Esta ideología no conoce fronteras. Lo vemos en EU con el retroceso de derechos reproductivos bajo la sombra de Trump, y en El Salvador con la erradicación del lenguaje inclusivo en las escuelas. Invisibilizar a las personas no las hace desaparecer, sólo las vulnera.

Luego está la promesa de seguridad. Llenar cárceles suena tentador ante el miedo, pero el orden real se construye con justicia y oportunidades, no solo con represión. Hoy vemos detenciones arbitrarias y fuerzas policiales que asustan más de lo que protegen. Cuando un gobierno ignora los derechos básicos, se convierte en un peligro más en la calle.

Este giro no es nuevo; es el autoritarismo de siempre. Los derechos no pueden ser el precio de un país en "orden". Al final, no hay prosperidad si se construye sobre el sacrificio de los vulnerables.

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Cumbres sin consenso: El stress test del multilateralismo en 2025

José Joel Peña Llanes. Doctor en Derecho, internacionalista y profesor de la UNAM

En 2025 se celebraron múltiples foros multilaterales —globales y regionales— con un objetivo compartido: amortiguar los costos de la policrisis y la erosión del orden liberal internacional. El saldo fue ambivalente: las divisiones geopolíticas y el giro unilateral de varias potencias, en particular Estados Unidos, dificultaron la construcción de consensos y evidenciaron los límites de la diplomacia de cumbres.

El 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU volvió a chocar con restricciones estructurales: bloqueo persistente en el Consejo de Seguridad por el derecho a veto de los cinco miembros permanentes, tensiones presupuestarias y una capacidad limitada para producir acuerdos sustantivos. En noviembre, el G20 en Johannesburgo aprobó una declaración extensa sobre equidad, reforma multilateral y desarrollo sostenible, pero recibió críticas por su baja ambición en temas sustantivos como la deuda global y el financiamiento. La COP30 en Brasil cerró con un texto final sin compromisos nítidos sobre combustibles fósiles y con señales insuficientes de financiamiento climático, reflejando la brecha Norte–Sur.

En el plano regional, la Cumbre UE–CELAC en Santa Marta mostró asistencia limitada y fricciones externas, aunque mantuvo en marcha agendas de seguridad y cooperación. El aplazamiento indefinido de la Cumbre de las Américas —prevista en República Dominicana— terminó de simbolizar el debilitamiento del compromiso hemisférico.

Tres factores ayudan a explicar la erosión: unilateralismo, restricciones financieras y una geopolítica fragmentada por conflictos que vuelve el consenso cada vez más difícil de alcanzar. Para evitar el pesimismo, el camino pasa por el minilateralismo, las coaliciones temáticas y reformas graduales al sistema ONU —incluidas iniciativas como UN80 Global— apoyadas por think tanks y foros regionales. Si 2025 fue un stress test, la adaptación a esquemas menos dependientes del consenso unánime será clave para que la parálisis no se normalice.

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