Bruselas.— El Servicio de Políticas Externas del Parlamento Europeo alerta que “la inseguridad generalizada, la corrupción arraigada y la impunidad generalizada han permitido que las redes criminales se infiltren en las estructuras de gobierno, especialmente a nivel local, como se observa en Honduras, Ecuador y ”. Menciona que “el auge del autoritarismo y la delincuencia organizada han agravado los desafíos políticos, desestabilizando instituciones ya frágiles y socavando el Estado de derecho”.

Afirma en un informe que los derechos humanos en se encuentran en una coyuntura crítica al enfrentar un contexto caracterizado por el avance del autoritarismo, la erosión institucional, el retroceso democrático, la reducción del espacio cívico y la presión sobre la libertad de prensa y el derecho a la protesta. Agrega que “la reciente elección judicial en México, destinada a abordar las disfunciones sistémicas, pone de manifiesto la inestabilidad institucional de la región y ofrece pocos indicios de que vaya a aportar soluciones eficaces o legítimas”.

“La evolución de la situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe es claramente preocupante. El autoritarismo está ganando terreno, la gobernanza criminal se está expandiendo y las sociedades siguen siendo profundamente desiguales y violentas.

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“El crecimiento económico es lento; los niveles de pobreza siguen siendo elevados y las condiciones globales, marcadas por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad económica, ofrecen poco alivio. A esta complejidad se suma el predominio de regímenes híbridos, Estados que no son ni plenamente democráticos ni plenamente autoritarios, lo que crea entornos de gobernanza inestables y propensos a la violación de derechos”.

La alerta se desprende en un informe solicitado por la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo a la Unidad de Análisis y Apoyo a las Políticas Externas de la Eurocámara y coordinado por Par Engstrom, profesor de Derechos Humanos del Instituto de las Américas de la University College London.

Además de contribuciones de expertos como Mathilde Chignesse, de Asociación de Estudios Políticos Transeuropeos (TEPSA), el reporte incluye información de los debates celebrados de manera paralela a la Cumbre UE-CELAC en Santa Marta, Colombia, el pasado 9 de noviembre, en el que participaron autoridades europeas, representantes de derechos humanos, académicos y actores de la sociedad civil.

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Sostiene que la inseguridad, aunada al débil crecimiento económico, la desigualdad persistente, la corrupción y el bajo desempeño institucional han profundizado el descontento ciudadano, reforzado el apoyo popular a los líderes autoritarios; 41% de los ciudadanos están abiertos a alternativas autoritarias y 65% expresa insatisfacción con el desempeño democrático, de acuerdo con el Latinobarómetro 2025.

“La confianza en las instituciones democráticas está disminuyendo, mientras que el apoyo a la gobernanza autoritaria va en aumento. Las respuestas gubernamentales a la escalada de violencia y a las demandas públicas de seguridad a menudo han erosionado las garantías de legalidad.

“La militarización de la policía y las medidas de emergencia han dado lugar a detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y desapariciones forzadas”.

Como ilustración, hace referencia a El Salvador, en donde las medidas de emergencia invocadas en nombre de la seguridad han dado lugar a violaciones generalizadas. También menciona la reducción del espacio cívico en Nicaragua, Venezuela y El Salvador, así como la represión estatal de los movimientos de protesta en Argentina, Chile y Colombia.

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“La democracia electoral en toda la región se encuentra más debilitada de lo que ha estado en décadas. Venezuela, Nicaragua y Cuba presentan ahora regímenes autoritarios plenamente consolidados, mientras que El Salvador muestra un claro retroceso democrático”. Asegura que las mayores amenazas a la democracia provienen cada vez más del interior, de líderes elegidos en las urnas que concentran el poder, socavan los controles y equilibrios y restringen los derechos de la oposición.

“En lugar de golpes de Estado, los colapsos democráticos se producen a través de una erosión gradual, la injerencia judicial, la manipulación de las normas electorales y la legislación restrictiva”.

“En general, la región muestra una marcada tendencia al deterioro, que resulta más evidente en países como Argentina, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua y Venezuela”.

A pesar del sombrío panorama, el análisis sostiene que hay “señales de resiliencia”. Asegura que, a pesar de los desafíos, la democracia está aguantando, como lo demuestra la alternancia en el poder por la vía electoral. Además, la opinión pública sigue favoreciendo mayoritariamente la democracia como el sistema de preferencia.

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“Estas dinámicas sugieren que, aunque la democracia en ALC se encuentra bajo una presión considerable, sigue funcionando como un conjunto de instituciones en disputa con una capacidad inherente y duradera para la renovación política y social”.

“En un momento de creciente autoritarismo y de retos transnacionales interrelacionados, el compromiso de la UE con América Latina y el Caribe puede traducir los valores compartidos en una rendición de cuentas tangible en materia de derechos humanos”.

Sugiere a la UE combinar una diplomacia basada en principios con incentivos inteligentes y una coordinación multilateral, para contribuir a la construcción de instituciones resilientes, fortalecer la protección de los grupos vulnerables y reforzar la rendición de cuentas en materia de derechos humanos.

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