Toluca, Méx.— Debido a la emergencia sanitaria por la propagación del Covid – 19 que ha afectado a los penales de la entidad, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial del Estado de México contemplan la liberación de dos mil 786 internos, de los cuales 300 podrían obtener el beneficio mediante la colocación de brazaletes electrónicos.

El poder judicial mexiquense reportó que estudian cuatro mil expedientes de reos que cumplen con las características para obtener la amnistía.

Manuel Palma Rangel, Subsecretario de Control Penitenciario, comentó que de 2015 - cuando arrancó el programa de brazaletes - a diciembre del 2019, dos mil 131 personas sentenciadas por delitos no graves, obtuvieron su el beneficio de la libertad, sin cumplir la condena, mediante la utilización de este dispositivo electrónico.

Dijo que actualmente monitorean mil 835 aparatos de fibra óptica en todo el estado, equipos que cuentan con un micrófono, alarma, una batería con duración de 65 horas y un botón de llamada.

Ayer 25 reos dejaron el penal de Ecatepec, entre ellos dos mujeres, quienes tendrán un seguimiento de sus actividades a través de los brazaletes. En el proceso de reinserción social, el subsecretario manifestó que el respaldo familiar y contar con un empleo son fundamentales. “La expectativa es que la próxima semana se sumen 80 internos más a este programa”.

La mayoría de los liberados son primodelincuentes con buena conducta, repararon el daño, no tienen problemas con las víctimas, además de que cumplieron más de la mitad de la sentencia y no están sujetos a otro proceso penal.

Las 25 personas que abandonaron el penal firmaron el compromiso de que no saldrán de seguridad que autorizó el juez, que bien puede ser el mismo municipio donde habitan o varios kilómetros a la redonda, donde se encuentra su lugar de trabajo

Palma Rangel, destacó la labor que realizaron durante ocho meses en la revisión de los expedientes y la elección de las personas preliberadas. “Este fue todo un trabajo de artesanía legal”, en un intento por despresurizar las cárceles que actualmente rebasan los 31 mil internos.

Destacó que este sistema es el más “seguro del país”, aunque reconoció que el 5% de los que acceden a él, rompe las reglas, por lo que son perseguidos y buscados para regresarlos a prisión.

Cada una de las 25 personas que dejaron la cárcel será vigilada por alguno de los siete monitoristas desde el C5, donde sabrán dónde se encuentran, con quiénes se reúnen y qué hacen

Jaime Echartea Mojica, director general de Prevención y Reinserción Social explicó que cada especialista está a cargo de dar seguimiento a 270 internos a la vez, pues gracias a la tecnología de los equipos, es “imposible que se desconecten del sistema” y cuando lo hagan, policías estatales acudirán a su domicilio o empleo para aprehenderlos en caso necesario.

Desde el C5 donde se hizo el anuncio, los encargados de dar seguimiento observan en las pantallas, en tiempo real, el recorrido que hacen cada uno de los beneficiarios. Todos tienen cercos virtuales determinados por el juez y no pueden rebasarlos.

Cuando vulneran el cerco, suena una alarma y el monitorista le llama para preguntar por qué violó los límites, si no regresa, se activa un sistema de comunicación bidireccional con una alarma que obliga a los beneficiarios a volver o interviene la policía estatal.

En contra parte, ayer el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, expresó su “rechazo a la preliberación de reos que dañaron a nuestro estado” y exigió a las autoridades apoyos a las personas afectadas por la pandemia. Con información de Rebeca Jiménez

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