La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) instalará un Ministerio Público afuera del Instituto de la Vivienda (Invi), para que la gente denuncie fraudes y corrupción correspondientes a temas de vivienda, anunció la jefa de Gobierno, Clauda Sheinbaum Pardo.

“Le propuse el director del Invi y a la fiscal que abrieran un Ministerio Público móvil afuera del Invi y que vaya la gente y denuncie los fraudes personalmente ahí, porque lo que ya no puede seguir son —como dice el Presidente—, las lacras de la política, ni clientela, ni corrupción; es el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo. Ese sí, pero el otro ya no”, comentó la funcionaria.

Detalló que en las audiencias públicas, que realiza cada semana por la mañana, ha recibido gran cantidad de denuncias de fraude relacionadas con el Invi, particularmente de la última administración.

“Que el líder les cobró 60 mil pesos, pero en realidad nunca lo registró al Invi o que una persona del Invi estuvo en contubernio y a la hora de la hora le dieron la vivienda a otra persona. Pero aquí ya se acabó la corrupción y la clientela y eso tiene a muchos desesperados, pues vivían de eso”, puntualizó.

La mandataria capitalina comentó que hay otros temas que se están revisando en cuestión de patrimonio inmobiliario, que tiene que ver con el Invi, de predios que se compraron en valores distintos, que supuestamente iban a vivienda social y no acabaron en vivienda social.

“Hay una revisión muy exhaustiva, hay un tema, por ejemplo, de un caso de una obra que ahorita está en proceso, no les podemos dar todos los datos porque todavía no termina el proceso jurídico; una obra que se hizo en 2007, que una empresa que en 2007 hace una obra, después presenta un recurso en el Tribunal Administrativo diciendo que no se le pagó, sigue el juicio, sigue el juicio y cuando nosotros llegamos resulta que un juez estableció que se tenía que pagar 2%, diario. Imagínense”, expuso.

Destacó que el valor de la obra es de un millón 400 mil pesos y aseguró que se está revisando desde el principio con la Contraloría “con lupa” y el consejero Jurídico está llevando a cabo toda la revisión y “evidentemente hay que seguir todo el trámite jurídico, administrativo, pero no vamos a ser cómplices de corrupción previa, ni vamos a poner en riesgo bajo ningún motivo los recursos públicos que para nosotros son sagrados”, argumentó.

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