La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) fijó en 480 millones de pesos el monto de la reparación del daño que tendrá que pagar la empresa Silza, perteneciente al grupo Tomza, a las víctimas y familias de los fallecidos por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, donde el pasado 10 de septiembre murieron 32 personas y quedaron lesionadas más de 50.

“La solidez y profundidad de esta investigación permitió a la fiscalía sentarse a negociar desde una posición firme y bien sustentada.

“La buena disposición de los operadores de la empresa desde el principio y los resultados técnicos, claros y consistentes, generaron un espacio en el que la empresa optó por asumir compromisos de reparación del daño y participar en procesos de mediación antes de llegar a una etapa judicial”, expuso Bertha Alcalde, fiscal capitalina.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en conferencia con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJ-CDMX dijo que con base en la indagatoria se estimó el monto en 480 millones de pesos, de los cuales 430 millones de pesos ya fueron pagados.

Hasta el momento, de las 144 víctimas identificadas —que incluyen a quienes tuvieron daños en negocios—, 127 ya han recibido pago por la afectación y se han firmado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas.

“Tenemos únicamente pendientes tres casos de personas fallecidas, dos casos de personas que tienen lesiones más graves, que ponen en riesgo su vida y esto tiene que ver, sobre todo, con procesos de definición en el orden familiar, es decir, procesos sucesorios, de guardia y custodia de menores que, desafortunadamente, fueron víctimas indirectas de estos terribles sucesos”, expuso la fiscal.

Alcalde Luján precisó que las personas que aún no aceptan los acuerdos reparatorios podrían judicializar este caso.

Asimismo, la fiscal informó que existió responsabilidad inmediata por parte del conductor, “quien desafortunadamente murió”, por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro.

Bertha Alcalde reiteró que la evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa operadora debía cumplir y que al omitirse generaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia en el accidente.

“Los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente, la infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables”, argumentó.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que se ha pagado 90% del monto de la reparación del daño. “Insistimos en que se trata de una cifra histórica y todo esto a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”, comentó.

La mandataria subrayó que ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida o las lesiones causadas; sin embargo, dijo, el compromiso fue trabajar para llegar al mejor resultado posible. “Hoy podemos afirmar que se está haciendo justicia con acuerdos reparatorios históricos por valor de más de 480 millones de pesos. Este es un resultado que refleja los trabajos que se hicieron para lograrlo”.

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