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En más de una ocasión el gobierno municipal incumplió ordenamientos judiciales en el pago de adeudos.

El pasado 16 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución en la que ordenó la destitución y consignación del ayuntamiento de ese municipio por incumplir una sentencia de amparo en materia laboral.

El 28 de mayo de 2012 el juez quinto de distrito de Ecatepec sentenció al ayuntamiento de Coacalco a pagar 3 millones 110 mil 573.60 pesos, más intereses, a favor de la empresa Productos Comerciales Begon SA de CV por la prestación de bienes y servicios al gobierno municipal.

Representantes de dicha empresa relataron que tal sentencia apercibió que en caso de no hacer el pago, se procedería al embargo.

“A partir del incumplimiento a la sentencia, la empresa intentó efectuar el embargo correspondiente, encontrándose con una serie de maniobras para evadir el cumplimiento de la ley”, aseguraron.

Dijeron que existen constancias en expedientes judiciales de que en varias ocasiones pretendieron realizar el embargo, aunque la anterior administración municipal y el actual ayuntamiento recurrieron a artificios para evadirlo.

“Han simulado amenazas de bomba, llegaron a orquestar una supuesta manifestación de servidores públicos para cerrar las puertas del palacio municipal”, relataron.

Precisaron que el juzgado decretó y ordenó el congelamiento de cuentas bancarias del ayuntamiento, aunque las mismas fueron vaciadas.

“Por ello ya presentamos una denuncia penal y estaremos presentando otras por los delitos de fraude y cohecho en contra de servidores y ex servidores públicos, así como la solicitud para la aplicación inmediata de las medidas de apremio y el arresto para los que actualmente están en funciones”, afirmaron.

Comentaron que requirieron que la Comisión Nacional Bancaria informe los movimientos de las citadas cuentas, con lo que se podrá demostrar la comisión de delitos, hechos de los que responsabilizan a los ahora ex alcaldes David Sánchez Isidoro y Erwin Castelán Enríquez.

“El discurso es uno y la realidad es otra. Por una parte tanto Erwin Javier Castelán Enríquez como Gabriel Pawling Alva han declarado que pagarán los adeudos, y por otra los desconocen”, comentaron.

EL UNIVERSAL intentó contactar al algún empleado del ayuntamiento para conocer su versión sin obtener respuesta .

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