“Quitamos el sentido clientelar que tenía Prosoc”

Para la procuradora social de la Ciudad de México, Patricia Ruiz Anchondo, en su primer año de gestión se logró quitar el clientelismo político que, acusó, utilizaba el PRD en uno de los programas emblemáticos de la dependencia, el Ollin Callan, que entrega recursos para el mantenimiento en unidades habitacionales con varios años de antigüedad construidas por una entidad estatal.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ruiz Anchondo aseguró que a su llegada como titular de la Procuraduría Social (Prosoc) este programa, y toda la dependencia, se encontraban alejados de la ciudadanía; hoy, se puede hablar de que “recuperamos el espíritu de la institución” la cual, dijo, se había alejado de los capitalinos.

“Con el tiempo este programa desvió sus objetivos. Estos recursos se daban a los conjuntos habitacionales que le garantizaran una votación al que estaba en el poder, en este caso el PRD. Y cuando nosotros llegamos le regresamos el espíritu original para quitarle ese matiz político”, dijo la funcionaria.

Al hacer un balance de su gestión, refirió que este programa ya no cuenta con sentido clientelar, por lo que el dinero que se entrega ahora llega a la gente que “más lo necesita” sin importar filiación.

“No les estamos pidiendo a la gente que sea de Morena, únicamente se da [el apoyo], se lanza la convocatoria, la gente hace su solicitud y vamos a revisar sus conjuntos habitacionales, ese es el espíritu de nuestro programa”, dijo Ruiz Anchondo en entrevista.

La funcionaria precisó que todas las acciones que han realizado este año se concentraron en concluir el programa Ollin Callan 2018 —creado en tiempos de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno— y en el programa de Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales 2019.

Según contó la titular de la Prosoc, la administración pasada dejó inconcluso el programa Ollin Callan pues únicamente dio los anticipos, y que a la administración que encabeza le tocó dar seguimiento a las obras que se realizarían con lo entregado.

Reforzamiento. El segundo programa aplicado es el Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH), el cual se concentra en unidades con 20 años de antigüedad, en específico las reconstruidas tras los sismos de 1985.

El programa, dijo, incluye 2 mil 240 unidades y se aplica en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Relató que, todos los años, 30% del presupuesto asignado va dirigido a la alcaldía Iztapalapa; este año fue igual, pero el recurso también fue dirigido a Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

“Ahí están [en esas alcaldías] los conjuntos habitacionales que no fueron atendidos en el pasado porque no contaban con el suficiente número de viviendas que establecían los mecanismos de operación. Ahora metimos un nuevo universo que nunca había recibido apoyo, que son los conjuntos habitacionales que se reconstruyeron a raíz de los sismos de 1985”, explicó.

Este año, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, otorgó 240 millones de pesos de presupuesto, el “más alto” que se le ha dado al programa, con lo que se atendió 833 unidades habitacionales con 100 mil viviendas y benefició a 300 mil personas.

La funcionaria pidió a los capitalinos a acercarse a este programa de mantenimiento mayor pues “muchos no lo conocen”, por lo que deben acudir a la instalaciones de la Procuraduría Social, ubicadas en la calle de Puebla esquina con Insurgentes, en la colonia Roma Norte, para hacer las solicitudes.

De regreso a la ciudadanía

En su balance, Ruiz Anchondo comentó que luego de la creación de la dependencia en 1989 y hasta la pasada administración, “la institución no servía de mucho”, pero que hay atención ciudadana, además de que intervienen hasta resolver problemas entre condóminos.

A mediados de año, la titular de la Prosoc y el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, firmaron un convenio para combatir la invasión.

Dijo que este delito es ejecutado por “supuestas inmobiliarias” que recuperan departamentos que la gente adquirió de interés social, pero que no terminaron de pagar y lo dejaron inhabitado.