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La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), violó la Ley Ambiental de Protección de la Tierra al otorgar un permiso para construir el tramo III del viaducto férreo del Tren Interurbano México-Toluca sobre la barranca de Tacubaya y la de Pachuquilla, consideradas áreas de valor ambiental.

También omitió prohibir la construcción en suelo de conservación, ya que el Programa General de Ordenamiento Ecológico prohíbe la tala de árboles y remoción de cubierta como la construcción de infraestructura en la zona baja de la Sierra de las Cruces, en Cuajimalpa.

La Ley Ambiental de Protección de la Tierra dispone, en su artículo 88 Bis 1, que en las barrancas o áreas de valor ambiental, queda prohibido la construcción de edificaciones o de cualquier obra, así como de cambios de uso de suelo y, a su vez, la extracción de tierra y cubierta vegetal.

De acuerdo con vecinos de El Contadero, Acopilco y San Mateo Tlaltenango, la Sedema se limitó a autorizar a la empresa CAABSA Constructora, la cual edifica en totalidad el tramo III del viaducto férreo, una Resolución de Impacto Ambiental exclusivamente para el tramo que va de las estaciones de Santa Fe a la de Observatorio, en casi nueve kilómetros, de los cuales más de cuatro se encuentran dentro de la Barranca de Tacubaya, considerada área de valor ambiental por esta misma dependencia mediante un decreto en 2012.

Los inconformes demandaron al procurador del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Miguel Ángel Cancino, sostener la opinión dada en los estudios de protección ambiental EsPA-02-2017 y EsPA-04-2017 que le pidió la Semarnat a consecuencia de la construcción del tren interurbano, en los cuales se determinó que las distintas acciones a realizarse por la SCT en suelo de conservación se consideraban prohibidas en relación a lo determinado por el programa general.

Quien también omitió prorrogar el plazo para renovar la resolución de impacto ambiental en las obras del tren fue la Semarnat.

La fecha para llevar a cabo la renovación venció el 30 de abril, por lo que la construcción del sistema de transporte elevado es ilegal y la dependencia federal debió suspender las obras, informó la Fundación Kosmo Publicus, que ha seguido de cerca este caso.

El director general de Impacto Ambiental y Riesgo de la Semarnat, Alfonso Flores Ramírez, se declaró imposibilitado para aplazar la vigencia de impacto ambiental de abril de 2014, hoy, cuatro años después la construcción del tren interurbano, carece de autorización de impacto ambiental.

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