Luego de la reinstalación de los jueces, Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, quienes son investigados por otorgar la libertad del exesposo y sospechoso del feminicidio de el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó, nuevamente, suspenderlos temporalmente.

El Poder Judicial local

dio a conocer que se llegó a esta determinación para “efectos de no transgredir la imparcialidad con la que se deben conducir mientras tenga vigencia la indagatoria administrativa en su contra”, con esto, el órgano jurisdiccional busca no entorpecer el libre desarrollo de las investigaciones que se realizan y no afectar la correcta administración de justicia durante la emergencia sanitaria provocada por el

En este sentido, dejaron en claro también que, de momento, no se ha resuelto si existe algún tipo de responsabilidad administrativa de alguno de estos juzgadores en el denominado sus integrantes dispusieron de nueva cuenta la suspensión, pues al ser figuras públicas, son sujetos al escrutinio de la sociedad por lo que es necesario mantener una buena reputación.

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El expediente administrativo contra ambos jueces se encuentra sub-júdice y la disposición fue tomada sin prejuzgar la determinación final que se tome, detalló el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX).

Será a partir de la reanudación total de actividades del órgano, cuando el Consejo de la Judicatura local continúe la investigación contra los servidores públicos.

También se justificó que la reincorporación como jueces de Trámite en Unidades de Gestión Judicial, tiene determinaciones distintas a las que se desempeñaron previamente, es decir, obedeció, única y exclusivamente, a la necesidad de contar con el mayor número de juzgadores en materia penal con motivo del Plan de Contingencia adoptado por el PJCDMX, pues dicha materia quedó exenta de la suspensión de labores decretada por la pandemia de Covid-19.

El 28 de noviembre de 2019, Mosco González y Díaz Antonio fueron separados de sus cargos para ser investigados por feminicidio de Abril Pérez.

El pasado 16 de abril, el Consejo informó que la investigación seguía su curso argumentó que se anulaba la suspensión “con el propósito de equilibrar las cargas de trabajo, atendiendo a las necesidades del servicio.

NV

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