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Acusan a agentes de la fiscalía de CDMX de extorsionar a comerciantes

La diputada local del PRI, Silvia Sánchez precisó que esta situación ya ha sido denunciada, pero la fiscal Ernestina Godoy hace "oídos sordos"

Acusan a agentes de la fiscalía de CDMX de extorsionar a comerciantes
Foto: Archivo/El Universal
Metrópoli 25/05/2022 11:11 Omar Díaz Actualizada 11:11
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La diputada local del PRI, Silvia Sánchez Barrios, acusó que los agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México extorsionan a comerciantes con cantidades que van de los dos mil hasta los 20 mil pesos.

Precisó que esta situación ya ha sido denunciada, pero la fiscal Ernestina Godoy hace oídos sordos.

Detalló que por lo menos 300 comerciantes del Centro Histórico denuncian con carpeta de investigación C1-F1DCSP/B/U1-B-2 C/D/01902/05-2022 que están siendo extorsionados desde el miércoles 18 de mayo por parte de elementos de la PDI, sin órdenes u oficios que justifiquen estar siendo investigados por la comisión de un delito.

Estos elementos exigen desde dos mil a 20 mil pesos mensuales por no incautar la mercancía de los vendedores y remitirlos al Ministerio Público, bajo cargos de violación de derechos del autor y comercio ilegal, por lo cual estos trabajadores han denunciado, y manifestado afuera de la Fiscalía para que no se les quite su única fuente de ingreso y subsistencia.

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Explicó que las personas que se han acercado a los comerciantes incluso han mostrado la placa que los acredita como trabajadores de la institución cuando se han presentado en calles como República de Nicaragua, República de Bolivia, República de Argentina, República de Guatemala, Peña y Peña y Manuel Doblado. 

El argumento para llevar a cabo estas acciones es la investigación de violaciones a los derechos de autor.

Lo más preocupante, dijo, es que al levantar la denuncia, los propios extorsionadores regresaron a señalar a los comerciantes que “le van a tener que entrar no importa cuántas denuncias hagan”, evidenciando la posible conexión con las instituciones de procuración de justicia, que deben velar por los más desprotegidos.

Por lo anterior, Silvia Sánchez Barrios interpuso un Punto de Acuerdo para que se realice una investigación al respecto.

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cls 

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