Mauricio Millán C.

El pasado mes de junio del año 2018, de acuerdo con datos de la Oficina de Información de Energía de Estados Unidos , la Comisión Reguladora de Energía , el Banco de México y estimaciones propias, el precio promedio mensual de la gasolina en Estados Unidos fue de 15.03 pesos por litro siendo el más alto de los últimos dos años. En México , el precio a nivel nacional fue de 18.06 pesos por litro ubicándolo en un diferencial de 3.03 pesos.

Durante el mes de enero del presente 2019, a siete meses de distancia, el precio de las gasolinas en EU y en México fue de 10.86 y 18.95 pesos por litro respectivamente, es decir, una diferencia de 8.09 pesos (167% más que el de junio). Tan solo de noviembre a enero, la gasolina en EU pasó de 13.71 a 10.86 pesos por litro y, en México, de 19.41 a 18.95 pesos por litro; dicho en otras palabras, allá la gasolina bajó 20.8% y aquí solo 2.4%, ¿ por qué tenemos gasolinas tan caras cuando debiesen responder a precios internacionales ?

En el año 2018, de acuerdo con la Secretaría de Energía , México importó en promedio 77.87% del volumen total de ventas de gasolinas a nivel nacional. Este nivel de importaciones es considerable para afirmar que los precios internacionales son claros referentes para determinar los precios en el País, pero según las cifras esto no es así.

En México, el precio de las gasolinas es determinado por una fórmula que en parte responde a los precios internacionales de referencia y en otra, a los costos de distribución y del pago al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS ); sin embargo, con el objetivo de “atenuar” la elevada volatilidad en los precios de mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacía uso de un estímulo fiscal para así reducir abruptas alzas en los precios.

La recaudación por concepto del IEPS a combustibles es una cantidad nada despreciable. Durante 2015, se sumaron a las arcas nacionales 251.7 mil millones de pesos (mmdp) y en 2016, 308.4 mmdp. No obstante, en 2017 y 2018 la recaudación se redujo a 227.1 y 187.6 mil millones de pesos, respectivamente, por el uso del estímulo fiscal para reducir las alzas abruptas (por ejemplo, entre marzo y junio del 2018, la gasolina en EU pasó de 12.25 a 15.03 pesos por litro; es decir, un aumento de 22.7%).

Durante la presentación del Paquete Económico 2019 en diciembre, el Gobierno Federal afirmó que los “gasolinazos” se acabarían pues los movimientos solo responderían a los incrementos de la inflación siendo esta variable un “techo”. Asimismo, en lo que va del año, se canceló el estímulo fiscal por lo que cada mexicano paga directo el IEPS fijado en 4.81 pesos por litro para la gasolina menor a 92 octanos y de 4.06 pesos para igual o mayor a 92 octanos. Con estas medidas, el Gobierno Federal prevé ingresar por IEPS a combustibles un total de 269.3 mil millones de pesos, es decir 43.5% más de lo recaudado en el año pasado.

Sin duda, con un diferencial mayor a 8 pesos por litro frente a precios internacionales, el gobierno federal se beneficia de comprar gasolina barata, cobrar directo el IEPS sin hacer uso del estímulo (por el amplio margen de maniobra), y venderla caras a costa del bolsillo de los ciudadanos sin que se aprovechen los precios bajos y la depreciación cambiaria.

Además del ciudadano de “a rueda”, el sector del transporte es el más afectado por ser consumidor intensivo de gasolinas y diésel; principalmente el autotransporte, ya que consume alrededor del 90% del total de petrolíferos que se demandan en el país, de los cuáles, 68% corresponde a gasolinas y 32% a diésel. Lo anterior, aunado a los altos costos de inseguridad pone mayor presión sobre los costos de las mercancías restando todavía más competitividad a México.

Como empresas, en lo que queda del año, les será fundamental hacer las proyecciones financieras necesarias para anticipar riesgos y mitigar amenazas por ser el consumo de combustibles uno de sus principales costos de operación.

Como ciudadanos, nos corresponderá informarnos y ser puntuales vigilantes del ejercicio de los recursos provenientes del IEPS. El gobierno debe explicar claramente el destino del dinero recaudado que, por racionalidad económica, debiesen ser destinados a la ampliación y mejora de la infraestructura en materia de movilidad con la finalidad de mitigar los impactos al sector del transporte; a la inversión en mantenimiento de las refinerías para que logren mejores niveles de operación (antes de empezar a construir nuevas); así como a acciones encaminadas a garantizar el abasto de combustibles en las ciudades con el objetivo de contribuir a su distribución eficaz y eficiente y, por ende, disminuir los elevados precios de las gasolinas.

Vicepresidente de Consultores Internacionales S.C.

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