Crisis de la salud pública

Cada fin de semana el Presidente visita una clínica rural del IMSS. Quiero creer que representa su preocupación por la salud y la atención a los pacientes. Sin embargo, no se entiende la lógica de visitar estos hospitales y no hacer lo mismo con hospitales e Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Gea González o el Hospital General de México en los que se carece de recursos para mantener los equipos digitales de diagnóstico, tratamiento e implementos necesarios para atender la demanda masiva de servicios.

Su equipo estará consciente que el 85% de la población radica en ciudades y por lo mismo si tiene interés en resolver los problemas, en estas instituciones encontrará la fórmula de solución.

Si millones de mexicanos pobres enfermos de diabetes, obesidad o cáncer recibían antes atención de poca calidad, hoy crece el número de quienes carecen completamente de ella: Aquí no hay “otros datos”, basta ver los pasillos abarrotados de pacientes esperanzados en que algún día los atiendan. El abandono de los hospitales públicos es la parte extrema y más doliente de la crisis del sector salud. La 4T los ignora.

La salud pública está en situación de semiparálisis. Ausencia de políticas presupuestales, de visión y perspectiva, están haciendo que en ellos no sea posible ni tomarse una radiografía. ¿Lo duda? Hoy un paciente puede ser llevado a esperar tres meses o más para contar con estudios de laboratorio o para recibir tratamientos que requieren estudios con equipos digitales, como tomografías, resonancias magnéticas, ultrasonidos. Si los plazos de espera eran largos, ahora se han vuelto interminables. La mayoría de las personas carece de seguro médico, por su costo.

Gracias a la continuidad en programas de salud pública, entre otros factores, la expectativa de vida de los mexicanos es cercana a los 80 años. Pero los padecimientos crónicos degenerativos van en aumento.

El Hospital General de México, requiere más de 30 millones de pesos para el mantenimiento de sus equipos de diagnóstico, pues otorga un promedio de 4 mil 500 consultas por día, tiene hospitalizados a más de 800 pacientes permanentemente y lleva a cabo más de 50 mil intervenciones quirúrgicas al año. Las carencias allí son ya brutales. ¿Cómo exculpar de esto a una política de centralización de compras que concentra totalmente esta actividad en la Oficialía Mayor de Hacienda? Mayor rezago en los servicios, más decesos o enfermedades agravadas es la consecuencia de la centralización. ¿Sabrá Hacienda que en el sureste del país ha proliferado el dengue? que no hay vacunas en Chiapas para la tuberculosis, y así podríamos seguir.

El ISSSTE y el IMSS, tampoco están exentos de carencias a pesar de que los derechohabientes pagan su servicio. Los enfermos esperan fechas lejanas para su consulta y mucho más para sus intervenciones quirúrgicas, pero además, deben adquirir insumos faltantes para la cirugía o incluso para la anestesia y medicamentos post operatorios que no tienen los hospitales.

En hospitales que atienden a población abierta, los pacientes –más pobres- no pueden ser intervenidos si no pagan por anticipado el costo de sus operaciones. El seguro popular solamente cubre a los inscritos antes de 2019. Las reglas cambiaron este año y no existe ya ese beneficio.

Los médicos no son escuchados, son agredidos por esta administración, les han reducido el sueldo y a los pasantes las becas. Hay señales incluso de una huelga nacional si las tardías ofertas del gobierno de tomar cartas en el asunto sólo son promesas incumplidas. Cada uno de esos médicos ha dedicado a su formación más de 20 años y obtienen un salario de doce mil pesos por doce horas diarias de trabajo y muchas veces con un gran riesgo para su propia salud y seguridad.

¿Es correcto desde cualquier punto de vista, incluso ético y moral que el gobierno destine recursos cuantiosos a paliar las penalidades de personas migrantes o de jóvenes sin estudio o que entregue dinero a personas relacionadas con el robo de hidrocarburos y por otro lado, se restrinja a médicos y enfermeras residentes y con ello a los pacientes de los hospitales públicos?

Es procedente la crítica presidencial a la construcción de hospitales al vapor y donde no se requerían, verdaderos cascarones atribuibles a pésimas decisiones o a la corrupción. Pero el sector salud sigue siendo a pesar de todo, uno de los sectores que mejor funcionaba. El Presidente tiene razón en señalarlo, pero su deber como estadista es resolver y atender las necesidades actuales. Podría reinstalar bajo el nombre que quiera el seguro popular y asignar las compras a quien sepa y conozca la salud pública y, si se trata de ahorrar que es un buen punto. ¿Porqué por otro lado se compran dos estadios de beisbol?

AMLO tuvo en 2013 un infarto y gracias a que fue atendido de manera eficiente y oportuna, salvó la vida. Nos da gusto saber que ahora su salud es satisfactoria. Él mejor que nadie sabe que la oportunidad y el acceso en salud son primordiales para evitar la muerte o recuperar la salud. ¿Esta oportunidad que él tuvo, porque se la niega a tantos mexicanos?