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Hermosillo.— Desde el 1 de diciembre, cuando entró el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, niños, padres y familiares de las víctimas del incendio de la guardería ABC —ocurrido el 5 de junio de 2009— se quedaron sin atención médica, medicamentos y servicios subrogados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Marisol Montaño Estrada, madre de Danna Paola, quien sufrió quemaduras en 54% de su cuerpo, denunció que el director del IMSS, Germán Martínez Cázares, no la quiso recibir la semana pasada.
“Estuvimos de miércoles a viernes en la Ciudad de México, acudimos al Seguro Social con el licenciado Miguel Nava Alvarado, para informarnos por qué se paró el proceso, muchos papás toman medicamentos y se los quitaron en la fecha más fuerte, en diciembre”.
Afirmó que no los recibió a pesar de que sabía que estarían esperándolo: “Nos mandaron un mensaje, que no estaba presente”.
La mujer explicó que “han batallado” desde enero de 2018 cuando denunciaron fraude y corrupción en los servicios subrogados de medicamentos y servicios para los afectados.
“Hasta el momento no nos han dado un argumento sólido por el cual se retiraron los servicios; funcionarios que nos atendieron en el Seguro dijeron que la Auditoría Superior de la Federación [ASF] descubrió el mega fraude que destapamos, pero ahora resulta que no sólo están actuando en contra de las víctimas, sino que tampoco se nos presentó el documento que sustente la presunta causa de la suspensión de servicios.
“Ahora queremos que se finquen responsabilidades penales en contra de quienes lucraron con la tragedia y con nuestro dolor”, exigió.
Por su parte, Martha Yadira López, madre de Jesús Antonio Chamber López, fallecido en el incendio, hizo un llamado al Presidente de la República, a través de un video.
“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador debo decirle que desde el 1 de diciembre de 2018, que inició su gobierno, el Seguro Social nos ha negado los tratamientos y los servicios médicos subrogados, las secuelas aún se sufren, los tratamientos no deben detenerse, pero el director del IMSS, Germán Martínez Cázares, no ha respondido por qué motivo se suspendió la atención.
“Creemos que estas no fueron instrucciones de usted, solicitamos una respuesta del Seguro Social, las víctimas de la guardería ABC no podemos seguir esperando”, difunde la grabación.
Los beneficios. A través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) del Seguro Social, creado en el 2010, se otorgaba atención a las familias de los 49 infantes que murieron en el incendio, así como a 24 menores lesionados y en los últimos meses a otros 42 de los 81 infantes, catalogados como expuestos.
Luego del siniestro y vía decreto presidencial se garantizó a los lesionados atención médica vitalicia en hospitales, fármacos, ayuda psicológica, pago de beca mensual hasta estudios universitarios para los lesionados. Pago de por vida de recibos de electricidad en sus domicilios y las revisiones médicas en instituciones privadas en México y el extranjero.
Además, se otorgó el soporte para el traslado de los menores, de sus padres u otros acompañantes a otras entidades de la República y a los Estados Unidos para su atención y práctica de estudios especializados, hospedaje, alimentación, servicio telefónico y otros.
Los padres, por decreto, recibían atención psicológica y psiquiátrica, y los hermanos de los menores lesionados, nacidos antes del 5 de junio de 2009; a padres y abuelos, se les otorgaba atención médica vitalicia en el IMSS y un apoyo económico.
Miguel Nava Alvarado, representante legal de 34 familias afirmó la suspensión de servicios afecta a todo el universo de las víctimas y que contraviene el decreto presidencial del 20 de julio de 2010 los acuerdos del Consejo Técnico del IMSS.
Se prevé que a los niños y niñas con lesiones al igual que los adultos no se les puede poner restricción alguna, respecto a los servicios subrogados de atención médica de medicamento, ni de cirugía.
“El Estado mexicano a través de distintos órdenes con la recomendación de la CNDH 49/2009 determinó que el IMSS, el gobierno del estado de Sonora y el gobierno municipal de Hermosillo, violaron derechos humanos de las víctimas de la guardería, niños, niñas, adultos, maestros y personas que participaron.
Presentan demanda. Además, un grupo de 26 madres y padres de niños y niñas víctimas del incendio de la guardería ABC, encabezadas por María Estela Báez Gil, madre de Julio César Márquez, niño fallecido, interpusieron una demanda administrativa de estudio en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich y de la alcaldesa Célida Teresa López Cárdenas.
El lunes 11 de febrero del 2019, se entregaron en el Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Hermosillo, la demanda contras la titular del ejecutivo por la omisión en dar respuesta a las peticiones de audiencia con fechas 18 de junio del 2017 y 4 de mayo del 2018.
