estados@eluniversal.com.mx

Hermosillo.— “Soy una víctima del Infonavit, no sólo me despojó de mi casa, sino que la vendió aun cuando vivía dentro de ella”, afirmó Óscar Gilberto Munguía Muñoz, un derechohabiente de Hermosillo, Sonora, quien fue desalojado por la fuerza pública del que fue su hogar por 20 años.

Entrevistado por EL UNIVERSAL afuera del domicilio ubicado en la calle Sierra Alta número 20, entre Paloma Pitayera y Jabalí, afirmó que junto a sus hijos y su esposa —de cinco, siete, 17 y 28 años— el 5 de febrero pasado fueron lanzados a la calle.

Óscar relató que agentes policiacos llegaron con una actuaria que no les quiso enseñar la orden de desalojo; incluso venían con un vehículo grande para llevarse sus cosas en resguardo, pero uno de sus vecinos impidió que sus pertenencias fueran llevadas como si estuvieran embargadas.

Hace tres años, Óscar entró a trabajar al área de mensajería de una institución bancaria, donde puso de manifiesto que tenía un crédito del Infonavit para que se le realizaran sus descuentos, pero el patrón le comunicó que su cuenta no aparecía.

Acudió al Infonavit y le dijeron que su crédito ya no estaba en el instituto, había sido demandado, pero no le informaron a qué despacho debía acudir ni los detalles del caso.

El año pasado le notificaron que tenía que desalojar la casa que le costó 150 mil pesos y pagó por más de 15 años, porque algunos patrones no hicieron los pagos respectivos, y la cual se vendió en 450 mil pesos a pesar de que habitaban en ella.

“Le pido al Presidente que por favor tome cartas en el asunto, él prometió que ya no habrá desalojos, y yo soy una víctima del Infonavit (…). Yo estoy esperando que me reubique o que me regrese mi casa”, expresó.

Pide ayuda al Legislativo. Óscar acudió al Congreso del estado a solicitar apoyo de los diputados para que intercedan por él ante el Infonavit, y para que por la vía legislativa hagan valer la palabra de Ejecutivo federal y se investigue a fondo.

Acompañado de su esposa, César del Pardo Escalante, dirigente de la Central Unitaria de Vivienda en Sonora, y una decena de derechohabientes a punto de ser lanzados, buscó intermediación de los diputados locales de la Comisión de Vivienda.

Del Pardo expuso que en Sonora hay 26 mil demandas del Infonavit contra derechohabientes, reconocidas por el Supremo Tribunal de Justicia, mientras que en despachos externos del instituto, otras 20 mil demandas de créditos hipotecarios de sonorenses están depositadas de manera ilegal en juzgados de otros estados, cuyos despachos están a punto de perpetrar más despojos.

El diputado local del PES, Carlos Navarrete Aguirre, indicó que es preocupante lo que ha pasado con el Infonavit y el despojo de viviendas.

“Los derechohabientes no tienen garantía de sus viviendas, menos de las calles de los fraccionamientos que a los tres meses de construidos deben ser repavimentados con dinero del erario porque se usa el asfalto más barato para su construcción”, agregó.

Suspenden a magistrado. Después de que un juez de Distrito negara un amparo al magistrado Pedro Antonio Enríquez —implicado en el fraude con el que el Infonavit se adjudicó más de 60 mil casas de derechohabientes de ocho estados—, el Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit lo suspendió temporalmente de su cargo como medida precuatoria.

El pasado 1 de febrero, el pleno del Supremo Tribunal intentó suspender a Enríquez Soto, pero éste mostró un amparo emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo, lo que impidió que fuera removido. En esa misma sesión  se suspendió al magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, implicado en el presunto fraude.

***Con información de Raúl Torre

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses