La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) criticó las protestas que realizan integrantes de la Policía Federal por la violación a sus derechos laborales en el proceso de integración a la Guardia Nacional .

A través de un comunicado, acusó a la corporación policiaca de ser el “brazo ejecutor” del Estado y de pronunciarse en sus oficinas y calles para exigir “lo que callaron y defendieron con balas y represión”; es decir, “derechos laborales consagrados en la Constitución mismos que en su momento los uniformados ataviados de toletes y gases lacrimógenos arremetieron contra el pueblo y el magisterio que en el sur de nuestro país se organizaron contra la imposición militarizada de una evaluación punitiva ”.

Entre esos actos recordaron los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán en 2016, y el movimiento magisterial de 2006 que dejó en Oaxaca 30 ejecuciones extrajudiciales y 311 detenciones arbitrarias.

“Son pruebas fehacientes de cómo el brazo ejecutor del Estado denominado Policía Federal sirvió a los firmes intereses de Enrique Peña Nieto a pesar de saber que nos asistía la razón y el trabajo”, apuntó.

La Sección 22 del SNTE exigió además que en el contexto de la exigencia de los policías federales, primero se castigue a los mandos que ordenaron y operaron los asesinatos, persecuciones y agresiones en Oaxaca y en otros estados, para que después hablen de derechos.

Agregó que los policías sean municipales, estatales, federales, gendarmería, del ejército, marinos o Guardia Nacional constituyen la parte represiva del Estado.

“Son las cadenas de mando del Gobierno quienes operan la violencia contra manifestantes y pueblo en resistencia, por ello, no olvidamos, no perdonamos los daños ocasionados en territorio nacional: los muertos de Acteal, Atenco, Tlatlaya, Arantepacua, Nochixtlán, maestros asesinados y torturados , la desaparición de los 43 , muerte y persecución a normalistas del país”, refirió el magisterio.

Finalmente, señaló que el abuso de autoridad no sólo es de policías federales sino también de funcionarios que los ocupan como “perros fieles para defender el supuesto Estado de derecho”.

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