Revelan presunta red de corrupción y sobornos en Ayuntamiento de Cuernavaca

Cuernavaca.- Los tres inspectores de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Cuernavaca detenidos en agosto pasado, acusados de cohecho , revelaron a la Fiscalía Anticorrupción que sus superiores piden “moches” a propietarios de negocios, bajo pena de clausurarlos.

Uno de esos casos mantiene al edil Francisco Antonio Villalobos al borde de la destitución porque es juzgado como coautor del delito de cohecho . Este martes acudirá a la audiencia de vinculación a proceso, mientras que su subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín Granados, permanece detenido en el penal de Atlacholoaya , situado al sur del estado.

Villalobos Adán, surgido de Morena, libró la prisión preventiva gracias a un amparo que lo protege contra cualquier orden de aprehensión. Sin embargo, como medidas cautelares, el juez le prohibió acercarse al ayuntamiento de Cuernavaca y a las víctimas desde el jueves pasado hasta que concluya la investigación.

En la audiencia de formulación de imputación, la representante de la Fiscalía Anticorrupción leyó la declaración de Mario Alfonso, supervisor en la Dirección de Gobernación desde 2019, quien declaró que el 7 de agosto fue llamado por su jefe porque acudirían a una revisión en el negocio denominado autocinema porque “le traían hambre al negocio autocinema” y el alcalde capitalino dijo que lo quería cerrado por no “alinearse”.

El día de la detención, precisó el supervisor, el jefe de Departamento en la Dirección de Gobernación municipal, Miguel Ángel Martínez Mariaca, dijo al propietario del autocinema, Cristhian Luna, que no se reportó con el alcalde y que, como no pagó, le clausurarían el establecimiento. En ese momento llegaron elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC) para detenerlos, pues el empresario los había denunciado.

Lee también: Prohíben a alcalde de Cuernavaca, acusado de cohecho, acercarse a la presidencia municipal

El supervisor agregó que las órdenes de inspecciones a los negocios las recibían en un chat de WhatsApp donde están registrados sus superiores. Mario entregó su equipo telefónico como medio de prueba porque hay conversaciones que demuestran la forma de operar.

También dijo que a otros establecimientos, como taquerías, mismas que por la pandemia de Ccovid-19 deben funcionar hasta las 23:00 horas, pero consgiuieron trabajar hasta más tarde gracias a arreglos con Barquín Granados, a quien le pagaban de mil 200 a mil 500 pesos semanales.

Otro inspector, Arturo, aportó pruebas distintas a la Fiscalía y declaró que la dueña de una estética ubicada al sur de la ciudad se negó a pagar cierta cantidad, por lo que al día siguiente suspendieron a su negocio. Ella, molesta, rompió los sellos y gritó que le pidieron dinero.

Cristhian Eduardo dijo que trabajaba como supervisor de comercio en vía pública y durante las inspecciones dejaban una minuta de apercibimiento a los comerciantes que no tenían su documentación en regla. Citó el caso de un negocio en Alta Vista, cuyo propietario no estaba al corriente en su refrendo; cuando los inspectores pidieron regularizar su situación, el dueño argumentó que estaba trabajando con PC y su líder sindical le daba mil pesos mensuales para poder funcionar.

Los dueños de negocios grandes, dijo, acuden directamente con Barquín, quien les pide entre cinco mil y 30 mil pesos o más. A los puestos de tacos les piden alrededor de dos mil al mes y a otros más pequeños, como carretilleros que venden fruta, de 200 a 400 pesos diarios.

En su declaración afirmó que los inspectores sólo van a los negocios a supervisar y dejan minuta para que se arreglen con Barquín Granados quien, a su vez, presuntamente reparte el dinero entre el alcalde Antonio Villalobos y otros funcionarios municipales.

Lee también: Acusación de cohecho "me la paso por el arco del triunfo", afirma edil de Cuernavaca

Barquín en prisión preventiva

El jueves el juez de control impuso prisión preventiva contra el subsecretario Barquín Granados por los elementos que suponen su participación en el delito de cohecho, pero principalmente porque presuntamente su escolta, un policía identificado como “Guzmán”, amenazó de muerte al empresario Cristhian Contreras Lunas el pasado 23 de noviembre, cuando se encontraba en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas cerca de las oficinas de PC municipal.

“Hey, compa, ya bájale porque terminando las audiencias te vamos a dar en la madre, refiriéndose que lo iban a matar”, dijo la representante de la Fiscalía Anticorrupción.

Agregó que afuera de los juzgados se encontraba la escolta de Barquín Granados tomando fotos a la camioneta de Cristhian, por lo que pidió la prisión preventiva ante el riesgo para la integridad física de la víctima.

afcl/jcgp