Réplica. Sobre Destino Holbox, entre empresarios y extranjeros

Respuesta del reportero

En respuesta a la petición del Derecho de Réplica solicitado el 27 de abril pasado, por el biólogo, Rubén Presuel Polanco, integrante del Consejo Asesor del Área Natural Protegida de Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, respecto a la nota publicada el 25 de abril “Destino Holbox, entre empresarios y extranjeros”, me permito hacer las siguientes precisiones:

1.    No existe sesgo, ni la desinformación reclamados por el C. Rubén Presuel. Entre las organizaciones públicamente preocupadas por la posible densificación masiva de Isla Grande, en Holbox, se encuentran las agrupaciones que, al igual que el biólogo, forman parte del Consejo Asesor del Área Natural Protegida de Yum Balam y lo han manifestado así en diferentes sesiones.

2.    Esas organizaciones son las mismas que en sesión del 23 de abril pasado, en Holbox, votaron en contra de elegir a la empresa que elaborará el modelo de “desarrollo turístico sustentable” en Isla Blanca, al considerar que no había condiciones para avalar ese paso, que forma parte del proceso de elaboración del Programa de Manejo de Yum Balam, tal y como se consignó en la nota del 25 de abril.

El proceso -coincidieron- fue violentado por el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas que expidió unilateralmente del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio, transgrediendo los acuerdos con los gobiernos estatal y federal y con el propio Consejo Asesor.

3.    Esas mismas organizaciones firmaron el 19 de abril pasado, con otras 20 agrupaciones, una carta dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), solicitando la revocación del PDU de Lázaro Cárdenas, en la que pidieron promover una controversia constitucional en contra del instrumento de planeación.

4.    Organizaciones que integran el Consejo Asesor de Yum Balam, han aprobado los diferentes acuerdos de dicho órgano colegiado, excepto el 23 de abril pasado, cuando votaron en contra o se abstuvieron de avalar el dictamen de elección de Stantec como “tercería” o árbitro para la elaboración de un modelo de “desarrollo turístico sustentable” para la Isla Grande. Algunos consejeros condicionaron su voto a favor, siempre y cuando se abrogue el PDU.

5.    Es falso que la nota omita citar la fuente que informó que el medio millón de dólares que cobrará Stantec, provendrá de los dueños de los terrenos. La fuente está plenamente identificada como la fundación “Pedro y Elena”, en el párrafo 11 del texto.

El dato lo confirmó el director de la Fundación, Alberto Labastida, como parte de una entrevista al término de la sesión del 23 de abril, para ahondar sobre el origen, manejo y destino del dinero, como parte de un texto de seguimiento que se publicará en una segunda entrega.

6.    La argumentación sobre el posible conflicto de interés, expuesta en la nota, es sólida, clara y se expone a detalle.

Básicamente, la empresa que será contratada para fungir como “tercería” o “arbitro” -figura que no existe en la legislación, para la elaboración de Programas de Manejo- y que elaborará una opinión técnica sobre lo que se puede hacer o no en Isla Grande, será pagada con dinero que proviene de los que desean desarrollar proyectos en Isla Grande. La inferencia hecha por integrantes de las organizaciones, sobre un posible conflicto de interés, es válida.

7.    La mayoría de consejeros avalaron a la empresa internacional seleccionada, pero no todos. En la nota publicada, como en el presente texto, se consignan las razones. Como el propio biólogo señala, está consignado en actas o debió consignarse que hubo consejeros que públicamente expresaron dudas sobre la validez de la designación o comentaron que carecía de validez, al haberse levantado la Conanp de la mesa de trabajo. Tanto la autoridad federal, como estatal comentaron que retornarían al proceso si se corrige “el acto ilegal”.