Xalapa.— Los integrantes de la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz consideraron procedentes los dos juicios políticos que se le instruyen al fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, amigo personal del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

El dictamen ahora deberá ser sometido al pleno legislativo, donde la coalición Morena tiene mayoría de diputados con 26, aunque necesitará de aliados para alcanzar la votación requerida de 34 votos.

El presidente de dicha comisión, Rubén Ríos Uribe (Morena), informó que encontraron procedentes los juicios políticos, pero además se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos que pudieran ser constitutivos de delito como falsear información ante un juez federal.

En entrevista, el legislador señaló que los dos dictámenes se realizaron en tiempo y forma, y que los integrantes de la comisión determinaron que ambos son procedentes.

“A criterio de la comisión, hubo violación a los derechos en el bien proveer de la fiscalía, al interés público y se dieron como procedentes ambos dictámenes”, explicó Ríos Uribe, quien reconoció que el diputado del PAN Enrique Cambranis votó en contra de los proyectos.

Detalló que ambos dictámenes están en manos de la Secretaría General del Congreso para darse curso en una sesión extraordinaria a la que deberá acudir Winckler Ortiz.

El legislador de Morena aseguró que la Comisión Instructora no violó la ley al dar entrada a este juicio a pesar de que se trata de una denuncia presentada por un particular.

Figura polémica. En enero de 2015 fue designado por un periodo de nueve años como fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras; sin embargo, renunció al cargo en noviembre de 2016 por presiones del entonces gobernador electo, el panista Yunes Linares, y de diputados locales de Acción Nacional.

En su lugar, la alianza PAN-PRD impulsó a Winckler —el abogado de la familia Yunes— para un periodo de nueve años, lo que fue de inicio criticado por la oposición.

Durante los dos años de gestión de Winckler, los principales colectivos de familiares de desaparecidos, como Solecito, así como empresarios, asociaciones civiles y partidos opositores al PAN denunciaron la falta de autonomía y de resultados del fiscal.

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