Chilpancingo.— En la la viven a diario miles de personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en esta entidad 80 mil 700 personas dejaron de ser pobres. Sin embargo, activistas, investigadores y campesinos conocen una realidad diferente.

En los últimos 12 años, Guerrero ha pasado por huracanes que destruyeron comunidades y ciudades; la violencia ha provocado el cierre de miles de comercios. En la zona de la Sierra se terminó lo único que a muchos pueblos les daba un poco de ingreso: el cultivo de amapola. En la Montaña, donde se concentran los pueblos con el mayor porcentaje de personas empobrecidas, cada año salen huyendo de esa situación más de 10 mil personas junto a sus hijos para trabajar como jornaleros en los campos del norte del país. Han preferido ser explotados que esperar a que el hambre invada sus casas.

El informe del Inegi destaca que el principal indicador con el que determinaron la reducción de la pobreza es el salario. Durante los últimos seis años el salario mínimo pasó de 88.36 pesos a 248.93 pesos. En la Montaña esta variable no aplica: ahí no hay trabajo, menos salario.

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Los pobladores que migran dejan a sus hijos con los abuelos, quienes priorizan la alimentación y delegan la educación. Foto: Salvador Cisneros / EL UNIVERSAL
Los pobladores que migran dejan a sus hijos con los abuelos, quienes priorizan la alimentación y delegan la educación. Foto: Salvador Cisneros / EL UNIVERSAL

En las zonas urbanas, la realidad es muy similar: la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, publicada el 26 de agosto, reportó que, en Guerrero, 76% de la población ocupada está en la informalidad laboral, sólo por debajo de Oaxaca y Chiapas.

La realidad en La Montaña

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, señala que el estudio del Inegi sobre pobreza refleja la macroeconomía del país y no se enfoca en las comunidades.

En , dice, las condiciones de pobreza siguen intactas como hace décadas. Los pueblos siguen sin caminos, sin centros de salud, sin médicos ni enfermeras, mucho menos con medicamentos. Con escuelas precarias, sin servicios de agua potable ni internet. Pueblos completos están en un profundo rezago. Todo eso dificulta la vida.

La marginación en la que viven lo está encareciendo todo. Conseguir comida es más complicado, llegar hasta los pueblos donde están los productos implica un traslado que cuesta dinero y que impacta en la cantidad y en la calidad de los alimentos que logran adquirir.

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Los pueblos de la Montaña siguen sin caminos, sin centros de salud, con escuelas precarias y sin servicios básicos. Foto: Salvador Cisneros / EL UNIVERSAL
Los pueblos de la Montaña siguen sin caminos, sin centros de salud, con escuelas precarias y sin servicios básicos. Foto: Salvador Cisneros / EL UNIVERSAL

Además, acceder a los servicios de salud es imposible, no hay ninguna posibilidad de que puedan ser atendidos en el sector público; en cambio, las farmacias privadas están haciendo un gran negocio: ofrecen consultas gratis a cambio que les compren el medicamento.

¿Trabajo? El defensor es contundente: nadie tiene, todos se contratan de peones por dos o tres días, pero el que contrata tampoco puede pagar el salario mínimo: “En la Montaña se pagan 150, 180, máximo 200 pesos por jornada”.

La vida de los pobladores se basa en la jornalerización: salir de sus pueblos hacia los campos de cultivos al norte del país, a trabajar en jornadas extenuantes sin pago justo, es la única forma de sobrevivencia que les queda.

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El trabajo como jornalero no sólo implica la huida, sino el abandono de sus casas, de sus pueblos, de sus tradiciones y peor aún, separa a las familias. No todos los jornaleros se pueden llevar a sus hijos, muchos los dejan con los abuelos, que priorizan la alimentación y dejan a un lado la educación, y los niños que se van con sus padres de plano abandonan los estudios.

Arturo García Jiménez es uno de los fundadores de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero (Cecgg), una organización de campesinos cafetaleros. Considera que la muestra que aplicó el Inegi para registrar la “disminución de la pobreza” es insuficiente para mostrar la realidad que vive el país.

Cuestiona que se haya aplicado en 108 mil 718 viviendas de los 38 millones 830 mil 230 hogares que hay en México y que no se pregunte si la casa es propia, porque sería un buen indicio para medir la pobreza.

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García Jiménez destaca tres aspectos que afectan la vida cotidiana de los guerrerenses y que están ausentes en la encuesta: el cambio climático, la violencia e inseguridad y la falta de políticas públicas.

El impacto del cambio climático

En Guerrero, las tormentas y huracanes han sido implacables. Ingrid, Manuel, Otis y John dañaron miles de viviendas, pero también infraestructura pública que en muchos casos no ha sido reparada.

El impacto que sigue más vivo para los guerrerenses es el de Otis, un huracán categoría 5 que destrozó por completo a Acapulco, la principal ciudad por su economía y número de habitantes. Antes de Otis, en Acapulco había el mayor número de personas en condición de pobreza extrema de todo el país. En 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que 126 mil 672 personas en el puerto no contaban con los ingresos suficientes ni para cubrir su alimentación.

En 2025, el Coneval tuvo que haber presentado un informe similar, pero no fue así. Sin embargo, en diciembre de 2023, José Nabor Cruz, en ese momento secretario ejecutivo del desaparecido organismo, afirmó que, a consecuencia de Otis, la pobreza podría aumentar 20 puntos porcentuales en Guerrero. Eso no se sabe si se registró. Otro aspecto que no se mide, dice, es la contaminación de ríos y mantos acuíferos, la tala ilegal de bosques, la explotación de minerales, la falta de normas ambientales en los rellenos sanitarios, todo eso, asegura, impacta en el empobrecimiento de la gente.

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El golpe de la violencia

La segunda ausencia en los resultados del Inegi, indica García Jiménez, es la violencia e inseguridad. Afirma que los grupos criminales han tomado el control de territorios donde imponen precios y distribución de productos de la canasta básica, además de la extorsión que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos: “Hay un tipo de arancel criminal, el Inegi no registra que el crimen cobra dos pesos más por kilo de tortilla”.

El último aspecto, opina, es la falta de políticas públicas. Afirma que alrededor de 43% de los guerrerenses viven en la zona rural y, pese a eso, el gobierno estatal asigna menos de 1.0% del presupuesto público. “Nos da 7 mil 300 pesos por persona sin importar si tienes media o una hectárea. Eso lo divides entre 365 días, nos da 34 pesos diarios. ¿Esto va a ayudar a fomentar la producción y a salir de la pobreza?”, cuestiona.

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Un estado atrapado en la pobreza

Gabino Solano Ramírez, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, explica el empobrecimiento del estado con la falta de un proyecto a largo plazo y la falta de capacidad de la clase política para gestarlo. “No tenemos a la vista al menos un proyecto de largo plazo para la entidad, un proyecto de gran visión, un plan de gobierno que pueda pensar que en un cierto periodo Guerrero pueda superar poco a poco esto, porque no se va a dar de la noche a la mañana y seguramente en la próxima medición estaremos hablando de lo mismo”.

Sin embargo, por ahora, en Guerrero no hay ningún plan ni a corto ni a largo plazo; no está incluido en ningún polo de desarrollo importante.

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