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Con la finalidad de que el gobierno estatal y los 11 ayuntamientos de Quintana Roo transparenten el uso de los recursos públicos asignados a la atención del coronavirus Covid-19, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SAEQROO) , presentó una propuesta para que los entes públicos brinden la información a través de un micrositio, en tiempo real, de forma sencilla y básica.
La propuesta fue presentada el 7 de abril, en sesión pública extraordinaria, ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, órgano máximo con poder de decisión, conformado por la Secretaría de la Contraloría (Secoes), la Auditoria Superior de Fiscalización (Aseqroo), la Fiscalía Especial Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Tribunal Superior de Justicia (TSJE), y el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO).
Para continuar con el análisis de dicho planteamiento, el CPC sostendrá una reunión de trabajo con integrantes del Comité Coordinador.
Esta mañana, previo al encuentro, los cinco integrantes del CPC ofrecieron una conferencia de prensa virtual, con el objetivo de dar a conocer la propuesta denominada “Plan Integral de Transparencia y Rendición de Cuentas para Quintana Roo”.
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Conocer cómo y en qué se están ejerciendo los recursos para atender la pandemia es un asunto clave para una entidad que requiere tomar decisiones acertadas en torno a una crisis, no sólo de índole sanitario -en la que está en juego la vida de las personas- sino de tipo económico, debido a los despidos masivos, el cierre de negocios y la carencia de ingresos, explicó la presidenta del CPC, Cynthia Dehesa.
La activista indicó que, a razón de una contingencia, se permiten adjudicaciones directas, se toman decisiones rápidas, se adquieren productos más caros porque quizá la entrega es más rápida y se requiere de velocidad para atender la situación, pero “desafortunadamente, sabemos también que, ‘a río revuelto’, mucha gente aprovecha para malversar los recursos”.
“En este momento no tenemos información de nada, ni cuánto dinero se ha ejercido, a quién le han comprado, que han comprado, ni nada”, expresó Raúl Cáceres, quien señaló que hasta el momento “no tenemos claridad de nada”, pues la ciudadanía desconoce de dónde sale el recurso invertido, cómo se aplica, en qué y cuánto.
Para subsanar lo anterior, el CPC propuso el Plan de Transparencia, dividido en cuatro estrategias.
La primera, explicó Janet Aguirre, consiste en que, a través del IDAIPQROO, se habilite un micrositio para que los entes públicos -especialmente la Secretaría de Salud (SESA), la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y la Oficialía Mayor, coloquen ahí la información.
El tipo de información requerida tiene que ver con las estrategias presupuestales aplicadas, si han adquirido deuda, cuánto y a qué plazo; cuál es el monto y qué bienes y servicios se han adquirido, tales como despensas, cubre bocas, respiradores, medicamento.
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También, a través de qué fuentes se han hecho las compras de insumos y equipo, cuál fue el precio unitario; cuáles fueron los criterios para seleccionar a proveedores y cuáles, para seleccionar a la población que está recibiendo los apoyos alimentarios y cómo se hizo la georeferenciación para ese reparto.
Los integrantes del CPC explicaron que la mayoría de esa información es de carácter público, por lo cual las autoridades están obligadas a ponerla a disposición de la gente; sin embargo, la intención de alojar los datos en un micro sitio dedicado al tema, es concentrar la información y evitar que quede dispersa en las páginas de cada ente público.
Francisco del Real explicó que la segunda estrategia se refiere a que el Comité Coordinador cree una comisión especial, para que la Fiscalía y la Auditoria Superior informen sobre los ajustes presupuestarios.
La tercera, que la Auditoría revise el 100% de los recursos asignados a la pandemia, genere un informe especial y realice una auditoría en tiempo real de los recursos ejecutados en la actualidad.
El cuarto punto fue expuesto por Mariana Bello y consiste en estructurar mecanismos de contraloría social para que otras organizaciones se sumen al seguimiento, vigilancia y exigencia de rendición de cuentas.
La investigadora subrayó que de acuerdo con la Ley del Sistema Anticorrupción, éste debe atender el ciclo de prevención, detección y sanción de hechos probables de corrupción, por lo cual este plan es preventivo.
Dehesa, añadió que, ante la crisis y la necesidad de actuar rápido, las autoridades no piensan en que deben ser transparentes y confió en que el Comité apruebe la propuesta, como una muestra de voluntad política para garantizar la rendición de cuentas.
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