Huajuapan. - Más de 15 organizaciones feministas, entre ellas, Ixmucane A.C, Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C, de Oaxaca, lograron el lanzamiento de la Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), por lo que está obligado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a garantizar la información y servicios para el aborto voluntario a todas las personas derechohabientes y beneficiarias en al menos 25 estados del país.

“En Oaxaca todavía hace falta hablar sobre el acceso a la salud reproductiva con trato digno. Y, sobre todo hablar de la no discriminación al momento de acceder al aborto como derecho”, explicó a El Universal, Ximena Alcázar, integrante del consejo directivo de Mano Vuelta.

Y es que, desde el 25 de septiembre de 2019 la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación es legal en Oaxaca sin importar la causa. Sin embargo, la información sobre el aborto es escasa y limitada en los centros de salud, principalmente en las comunidades indígenas y afromexicanas, lo que, muchas mujeres no han logrado a acceder a este servicio como derecho.

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Y este contexto, la organización Mano Vuelta, celebra que el logro colectivo en materia de derechos reproductivos, el lanzamiento de la Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) lo implemente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien está obligado a ofrecer servicios de aborto voluntario de hasta la semana 12. 6 días, a todas las personas derechohabientes y beneficiarias de al menos 25 entidades del país, entre ellos, Oaxaca.

El IMSS ahora tiene la obligación de implementar servicios de salud seguros, gratuitos y de calidad para todas sus derechohabientes, realizando los ajustes presupuestales y operativos necesarios para cumplir con este mandato.

Este hecho se logró luego de la resolución de tres amparos emitidos en 2023 por 15 organizaciones para que el IMSS, implemente los servicios de aborto voluntario en las entidades donde ya es legal la interrupción del embarazo. Desde el 06 de septiembre del 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendría efectos.

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Sin embargo, pese a la despenalización que hizo la SCJN había resistencia por parte de algunas instituciones y por ello, organizaciones en los derechos sexuales y reproductivos iniciaron con estrategias legales para garantizar el derecho al ILEO, donde participaron Abortistas Mx, Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, Cheros A.C. Morrxs Autónomxs (todas de Chihuahua), Ixmucane A.C. y Mano Vuelta (Oaxaca); Di Ramona A.C.(Hidalgo), Las Borders y Siemprevivas (Baja California), Marea Verde Altas Montañas, Lecxiur Figueroa & Asociadas, Abogadas con Perspectiva A.C (todas de Veracruz), Las Calafias, Brujas Californias (todas Baja California Sur) y Siempre Unidas (Quintana Roo).

“Igual que con otros sistemas de Salud pública es que el servicio funcione de manera real, sin estigma, sin trabas, que haya personal informado. Principalmente que se aplique de manera correcta, porque hasta el momento desconocemos cómo se estaban dando seguimientos”, explica Ximena.

El presupuesto y el estigma, desafíos para la implementación de la Guía Técnica para la ILE en Oaxaca

Entre los desafíos que señala la organización, está la disponibilidad territorial de Oaxaca el cual comprende 570 municipios, donde habitan distintos pueblos indígenas. Y los pocos espacios de sector salud que permiten el aborto seguro permanecen centralizados.

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Por ejemplo, de acuerdo a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), en la región mazateca y en la Sierra Juárez no hay unidades de Servicios de Aborto Seguro (SAS). En la región Valles es donde centran al menos 10 espacios de salud para realizar el aborto seguro; en el Istmo de Tehuantepec, dos; en la Costa, uno; En la Sierra Sur, uno; en la Mixteca uno y uno más en Papaloapan.

Otros de los retos es el presupuesto debido a los recortes en tema de salud que ha hecho el gobierno federal, “el principal reto sigue siendo el presupuesto, es algo que no solo aplica en el tema de salud. Rastrear el recurso que se asigna directamente al componente de aborto, salud sexual y reproductiva es difícil”, señala la activista.

Expuso que no existe una estimación presupuestaria en temas de mujeres indígenas y afrodescendientes, para acceder a la justicia reproductiva a servicios de salud sexual y reproductiva, “entonces tenemos que exigir que se aumente este presupuesto asignado”.

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“Vamos a monitorear el acceso real a este derecho. Y, sobre todo, con pertinencia cultural, es algo que nos interesa mucho en servicios de salud. Como de Mano Vuelta, tenemos una postura de que, por muchos años, se nos ha negado el acceso a nuestros derechos hablando como mujeres indígenas y afromexicanas, ha habido tratos racistas, clasistas que priorizan la salud de otras personas por encima de nuestra propia salud. Por lo que creemos que es importante que se ponga especial atención. En cuanto se está invirtiendo a personas en estado de vulnerabilidad”, reiteró la integrante de Mano Vuelta.

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