Puebla.- Más de 60 organizaciones, colectivos y espacios académicos alertaron al Congreso de Puebla de algunas deficiencias en la iniciativa de Ley de Personas Desaparecidas presentada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta .
Las organizaciones, encabezadas por la Universidad Iberoamericana y el Colectivo la Voz de Desaparecidos, pidieron a los diputados se garantice que la ley en materia de desaparición y búsqueda de personas que se apruebe, contenga los más altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.
Y es que previo a la presentación de la iniciativa oficial, familiares de desaparecidos habían presentado una completa propuesta que contó con la asesoría y aval de académicos, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Organización de las Naciones Unidas.
Los legisladores locales han sido señalados de haber violado la ley al no haber aprobado una ley en la materia desde hace dos años, como lo establecía el ordenamiento federal; ante las críticas el mandatario envió su propia propuesta.
“Saludamos que se haya retomado el proceso legislativo rumbo a la armonización del marco jurídico estatal con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como para expresar nuestras preocupaciones en torno a algunos puntos de la iniciativa presentada por el gobernador”, expusieron.
En una carta abierta, señalaron que la iniciativa oficial contiene elementos importantes que contribuyen a una buena armonización legislativa y a dotar de herramientas a la institucionalidad para hacerle frente al fenómeno de la desaparición de personas, sin embargo adolece de algunos errores.
Mencionaron que no incorpora en su glosario, y en algunos casos en el desarrollo mismo de la iniciativa, definiciones importantes como áreas de resguardo, búsqueda inmediata, fosa clandestina, fosa común y fosa individualizada.
Además no reconoce condiciones de preferencia sexual y de orden social, económico, histórico y cultural como parte del enfoque diferencial y especializado que presenta como principio orientador.
Consideraron que debilita al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas al no o sujetar su actuación a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobados por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas; limitar su integración y no incorporar a actores como la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Así como no obligar a las autoridades que lo integran a fortalecer la actuación del Consejo Estatal Ciudadano a través de la entrega en tiempo y forma de la información que requiera; y no incorporar estándares internacionales de estructura, proceso y resultado para rendir cuentas.
Precisaron que la propuesta no da mandato de garantizar que el personal que participe en acciones de búsqueda reciba la capacitación y certificación necesaria y adecuada; y pone en riesgo las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
Entre otros puntos, manifestaron que tampoco garantiza la participación de las familias en las acciones realizadas por los grupos de trabajo para la búsqueda de personas y el análisis del fenómeno de desaparición.
Y limita las capacidades del Consejo Estatal Ciudadano al reducir la participación de familiares y de especialistas en su integración; no darle atribuciones para evaluar a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.
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afcl