Niños en el país equivocado: violencia ha matado a 97 desde enero

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La madrugada del 1 de julio una bala hizo blanco en la pierna izquierda de Sergio René, tocó su arteria femoral. El ataque no iba dirigido al adolescente de 14 años, de hecho, él no tenía enemigos y murió: su delito, estar en el lugar incorrecto.

Sergio René Ortega, oriundo de Hermosillo, Sonora, estudiaba la secundaria y gustaba del futbol. Tenía la mirada de niño, era menudito. El último sábado de junio asistió a una fiesta de 15 años en la colonia La Metalera. Aproximadamente a las 2:30 del domingo abandonó el convivio. Con otros amigos se dirigía a su vivienda, habían caminado unas calles cuando vieron correr a un hombre herido de un brazo, perseguido por otro que llevaba una pistola en la mano. El presunto delincuente —quizá para amedrentar a su víctima y evitar que escapara— accionó su arma y una bala hizo blanco en la pierna de Sergio.

En la penumbra, Sergio René quedó tumbado sobre el pavimento; de la pierna manaba un chorrillo incesante de sangre. Cuando llegó la ambulancia, una mujer ya le había amarrado un trapo para intentar detener la hemorragia. Estuvo 18 días en terapia intensiva en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. En ese tiempo cumplió 15 años y le tuvieron que amputar la pierna.

La desgracia del menor acaparó medios de información locales y las redes sociales. Cada día se informaba de su estado de salud, se solicitaban donadores de sangre y plaquetas, también se pedían oraciones para que salvara su vida. La infección no cedió y el 18 de julio murió.

El caso de Sergio no es aislado, una revisión hemerográfica realizada por EL UNIVERSAL arroja que entre enero y julio del presente año, al menos 97 menores de 18 años han perdido la vida, al quedar en medio de tiroteos, por balas perdidas, en ataques a sus familiares o al ser víctimas de secuestro.

La cifra podría ser mayor, pero en el día a día, las instituciones oficiales de los estados y municipios no siempre detallan edades. Mientras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que lleva los datos puntuales de defunciones por homicidio, no tiene reportes correspondientes a este año.

En la lista de 97 menores, víctimas colaterales de la violencia que azota al país, no se incluye a niños que perdieron la vida a manos de sus padres o familiares, ni a los que murieron en accidentes o ataques sexuales.

En los primeros años de vida

De los casos revisados, 39 de las víctimas tenían de cero a 13 años. Los más pequeños son Tadeo, de ocho meses, y tres bebés de un año.

El 22 de mayo, Tadeo y su madre viajaban en un camión del transporte público, regresaban del centro de Guadalajara, Jalisco, donde la madrina del bebé le compró el ropón que usaría en su bautizo. Intempestivamente el camión fue detenido por un grupo criminal y lo incendió. El bebé murió y fue sepultado, precisamente el día que habían planeado para bautizarlo. En tanto, la madre del pequeño, quien sufrió quemaduras graves en 90% de su cuerpo, falleció el pasado 21 de agosto.

Tres días después de la muerte de Tadeo, en Tonalá, también municipio de Jalisco, murió otro bebé de un año. Pasaban de las 23 horas cuando un comando rafagueó una vivienda donde una familia estaba de fiesta; sólo una bala alcanzó un blanco humano y fue el abdomen del pequeño, quien quedó mal herido. Lo trasladaron a la Cruz Verde —la institución más cercana a su vivienda— y murió una hora después.

Dos pequeñitos más, de apenas un año, se suman a esta lista negra: uno era de León, Guanajuato. Viajaba en una camioneta con su padre cuando los atravesó una lluvia de balas; el otro era de la ciudad de Chihuahua y murió en su vivienda, hasta donde hombres armados llegaron para matar a su padre.

Revictimización y silencio

Para los deudos, al dolor de perder un familiar se añaden otro igual de profundo: el desprestigio y los señalamientos.

La revisión de comunicados oficiales, de publicaciones en medios de información y las entrevistas con afectados revelan que —generalmente— cuando la víctima es un adolescente mayor de 13 años, se le pretende vincular a algún grupo delictivo o se presume que murió por andar con “malas compañías”, aun sin una investigación de por medio.

Ante las acusaciones o incluso, por miedo a que el o los presuntos asesinos tomen venganza en caso de una denuncia, los familiares optan por guardar silencio y vivir su duelo, sin reclamar justicia.

El pasado 10 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que policías del estado habían abatido en el municipio de Río Blanco, a tres presuntos delincuentes al repeler una agresión. En el lugar fueron asegurados un fusil de asalto tipo AR-15 y dos pistolas, detallaba el informe y señalaba: “El gobernador Yunes reitera la instrucción a las corporaciones policiacas de ser implacables contra la delincuencia”.

El presunto enfrentamiento habría pasado inadvertido, de no ser porque en redes sociales comenzaron a circular al menos dos fotografías —cuyos autores se desconocen—: en una se apreciaba a una de las víctimas sentada mal herida a un lado de un oficial policiaco y en la otra, tendida en el pavimento y sin vida. También se identificó a los muertos como José Eduardo “N”, de 19 años, Nefertiti “N”, de 16, y Grecia “N” de 14.

La omisión de las edades en el reporte oficial, la criminalización de las víctimas sin una investigación profunda y las fotografías sembraron la duda de una posible ejecución extrajudicial y encendieron las redes sociales.

Fue tal el impacto mediático y la falta de claridad de lo ocurrido, que diversos sectores sociales y políticos demandaron investigar los hechos a profundidad, incluso ante organismos internacionales.

La madre de las menores no soportó la marejada de comentarios acusatorios y se negó a hablar, incluso, pidió a organismos de Derechos Humanos, no seguir con el caso.

A finales de junio se registró otro caso parecido: la víctima fue una jovencita de 13 años, de tez blanca y ojos grandes que a veces parecían azules, otras verdes.

Pasaban de las siete de la mañana, la adolescente caminaba hacia la secundaria, cuando la muerte se cruzó en su camino. Dos grupos de presuntos delincuentes se enfrentaban a tiros y dos balas hicieron blanco en su frágil cuerpo. Fue una tía quien alzó la voz y comenzó a pedir justicia a través de las redes sociales. Eran tiempos electorales y exigió a los candidatos propuestas y acciones para terminar con la violencia que aqueja al país y mata a inocentes. Pasados los días la familia guardó silencio.

En entrevista, un hermano de la estudiante —quien la acompañaba aquel día negro—, dijo que lo mejor era no revivir el mal recuerdo. Además señaló que tenía resentimiento con algunos medios locales que malversaron la información —dejaron entrever que quizá la joven tenía nexos con gente del crimen—, escribieron “a su conveniencia para hacer más atractiva la noticia”.

Con dolor señaló que este tipo de notas perjudican a las familias, “realmente no les interesa el dolor ajeno, sino el tener algo que darle y de qué hablar a la gente para ganar audiencia. Lo mejor que podemos hacer como familia es tratar de aminorar ese recuerdo, esta historia no es más que una de las miles de tragedias que pasan en este país”, concluyó.

Sin justicia y sin dinero

El padre de mi nena y yo estábamos dentro de un auto estacionado, cuando un hombre mató a otro, ahí frente a nosotros. El asesino no nos había visto, pero la niña lloró y también disparó contra nosotros y mató a mi hija. No teníamos dinero para su sepelio... a través de Facebook se pidió apoyo a las amistades.

Quien narra es la madre de una menor de tres años que accedió a narrar su experiencia, pero pidió el anonimato. Dice que no sabe si se detuvo al homicida, pero tampoco lo va a averiguar, “pues podría resultar peor”.

Los gobiernos estatales y municipales brindan apoyo a las familias de víctimas colaterales para gastos de funeral, pero pocos son los deudos que recurren a esta modalidad o que saben cómo acceder a ella, y son pocos los que piden justicia.

Las leyes de nuestro país no castigan de forma excepcional al homicidio de un niño, por lo que, según especialistas, los menores seguirán cayendo mientras dure esta guerra entre cárteles de la delincuencia organizada.