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Las dirigencias nacional y estatal del partido Movimiento Ciudadano denunciaron penalmente al delegado del IMSS-Veracruz, Roberto Ramos Alor por los presuntos delitos de abuso de autoridad, intimidación y delitos contra la salud.
Fue ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde se presentó la denuncia contra el funcionario federal, a quien se señala de ser el responsable por la falta de medicamentos e insumos en hospitales y clínicas de Veracruz.
Además, los líderes nacional y estatal de MC, Jorge Álvarez Máynez y Luis Carbonell, exigieron la renuncia de Ramos Alor, quien fue video grabado minimizando el desabasto de medicamentos e insumos y amenazando a médicos residentes que exigían una solución.
La querella fue remitida para la atención de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, con el objetivo de investigar la presunta comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Intimidación y Delitos contra la Salud.
El partido emecista detalló que la acción penal surge a raíz de la difusión de la videograbación correspondiente a la reunión del pasado 8 de septiembre de 2026, donde médicos residentes del Hospital Regional exigieron el abastecimiento urgente de insumos básicos y materiales quirúrgicos indispensables para operar e intervenir a pacientes cuya salud e integridad se encontraban en riesgo.
Sin embargo, Ramos Alor respondió –expuso MC- de manera omisa señalando que si no contaban con herramientas simple y sencillamente no operaran, e incurrió en conductas intimidatorias al condicionar las evaluaciones académicas del personal médico subordinado para acallar las inconformidades.
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A la par del recurso promovido en el ámbito penal, Movimiento Ciudadano formalizó ante la Dirección General del IMSS-Bienestar un escrito dirigido a su titular, Alejandro Ernesto Svarch Pérez, donde se le solicita la separación e inmediata remoción de Roberto Ramos Alor de la Coordinación Estatal en Veracruz.
Así como el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario con vista al Órgano Interno de Control (OIC) por posibles faltas administrativas graves, así como una respuesta formal por escrito garantizando el derecho de petición.
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dmrr/cr
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