Saltillo, Coahuila – Un migrante originario de El Salvador murió la noche del miércoles durante un presunto operativo que habrían llevado a cabo elementos de la Fiscalía General del estado de Coahuila.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia 5 de Mayo en Saltillo ; la víctima fue identificada como Marcos “N”, de 35 años.

Las circunstancias en las que falleció el migrante no han quedado claras.

Por una parte, la Fiscalía estatal informó a través de un comunicado difundido en redes sociales que, “según el reporte preliminar emitido por la Policía de Investigación Criminal, derivado de un operativo realizado por elementos de la misma corporación, la noche del 31 de julio en la mencionada colonia, a la altura de las vías del ferrocarril, cuatro personas del sexo masculino agreden verbalmente a los policías, uno de ellos saca de entre sus ropas un arma de fuego y realiza disparos, mientras que las otras personas huyeron en forma pedestre, los oficiales repelen la agresión con sus armas de cargo por lo que el agresor cae abatido”.

Sin embargo, la Casa del Migrante y algunos testigos, retomados por medios locales, desmienten la versión de la Fiscalía.

De acuerdo con la Casa del Migrante, agentes de la Policía Federal, del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado de Coahuila sorprendieron a un grupo conformado por aproximadamente diez personas --entre las cuales se encontraban hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas-- mientras esperaban el ferrocarril que los llevaría a Estados Unidos.

“Empezaron a perseguirles logrando detener a varios de ellos y ellas, entre estas, a una niña con su madre, a quien de manera por demás cruel, separaron a su bebé de aproximadamente dos años de edad el cual fue escondido por las demás personas migrantes en una tienda para proteger su vida, una vez que se dieron cuenta de los disparos.

“Un padre salvadoreño (..) corrió al lado de su pequeña hija de 8 años, quien presenció cómo cayó asesinado por elementos del Estado”.

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se deslindaron de participar en el asesinato del migrante.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias indicaron que “los elementos de la Policía Federal y el personal del Instituto Nacional de Migración no participaron en ningún operativo relacionado con estos hechos”.

Testigos relataron que los oficiales comenzaron una persecución con balas de por medio contra el grupo de migrantes.

“Nos abrieron fuego como si fuéramos animales” señaló un testigo a medios locales.

Ante la versión de la Fiscalía, que sostiene que sus elementos abrieron fuego en defensa propia, el director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, indicó en el comunicado que las personas que llegan al recinto son revisadas antes de ingresar, por lo que descarta la posibilidad de que el hombre estuviera armado.

“Con profunda y absoluta indignación rechazo y desprecio la política migratoria mexicana”, agregó.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó este hecho en su cuenta de Twitter, e instó a esclarecer lo sucedido mediante “una investigación exhaustiva e imparcial”, y exhortó a que las autoridades mexicanas conduzcan la política migratoria respetando, ante todo, los derechos humanos de los migrantes.

La Casa del Migrante en Saltillo dijo en un comunicado que los migrantes escondieron a una niña de dos años durante el operativo por temor a los disparos de agentes de la fiscalía de Coahuila.

El albergue agregó que las autoridades separaron a una niña de dos años de su madre durante el operativo.

Desde octubre de 2018 se intensificó el flujo de migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica que atraviesan México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo al país latinoamericano por no frenar la migración.

Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles efectivos de la Guardia Nacional de México en las fronteras sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.

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