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Morelia.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción logró que una juez de control ordenara a la Fiscalía de Michoacán reabrir las investigaciones en contra de la “Constructora Norberto Odebrecht, S.A.”.
La empresa brasileña está vinculada a hechos de corrupción y pago de sobornos a funcionarios públicos de Michoacán en la construcción de la presa “Francisco J. Múgica”.
La comisión de esos delitos fue ventilada por el gobierno de Andorra, el cual conoció de los sobornos y la corrupción durante una operación que llamó “Pernambuco”.
Elefante blanco
La presa “Francisco J. Múgica” fue un elefante blanco de los gobiernos estatales de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy Rangel, ya que no se concluyó y tampoco se entregó en las condiciones pactadas inicialmente.
Elvia Higuera Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, fue quien encabezó el litigo en contra de los funcionarios michoacanos.
Documentó que la construcción de esta presa ubicada en la región de Tierra Caliente, inició en el año 2007, con un costo proyectado de mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, dijo, el costo se incrementó casi al doble, pues el gobierno estatal y el federal pagaron por esa obra inconclusa 2 mil 915 millones de pesos.
Pero eso no fue todo, ya que el proyecto aprobado contemplaba dos vertientes: la irrigación de mil 500 cúbicos de agua para esa zona agrícola, lo cual no sucedió.
Desde que fue entregada esa obra, solamente ha alcanzado a irrigar, máximo, 500 metros cúbicos, lo cual no resolvió el problema para los productores de la región.
Aunado a ello, la obra inicial también contemplaba una hidroeléctrica que nunca fue construida y aun así, fue entregada por el gobierno estatal y recibida por el federal.
Además de que la obra se iba a entregar en el año 2008 y no fue sino hasta el 2012 cuando se dio por “concluida y entregada” por el mandatario Leonel Godoy.
“Entonces, estamos hablando de una obra que terminó costando lo doble a la sociedad michoacana, porque el 60 por ciento del recurso con la cual fue pagada eran recurso del gobierno del estado y el resto de la federación”, denunció Higuera Pérez.
La abogada y defensora de Derechos Humanos precisó que su denuncia ante la Fiscalía de Michoacán fue sustentada con lo dado a conocer por la Policía de Andorra.
En esa operación llamada “Pernambuco”, realizada del 2015 al 2017 para investigar a Odebrecht y sus actos de corrupción en Andorra, se localizaron documentos que confirmaban que, para esta obra, se habían pagado sobornos a funcionarios públicos y políticos de la región, vinculados con la obra.
Uno de ellos al encargado de construcción de la presa Víctor Guerra Reyes, a quien se le habían hecho depósitos desde algunos bancos de Andorra a cuentas en Morelia.
Esos depósitos hechos a cuentas relacionadas a este hoy exfuncionario público del gobierno de Cárdenas Batel y de Godoy Rangel fueron por 430 mil dólares.
“Hay dos depósitos más que también fueron identificados en esta operación, por la cantidad de 330 mil dólares cada uno, sin que hasta el momento se haya identificado a alguien en particular, pero con transferencias a Michoacán”, dijo Elvia Higuera.
Es decir, que en total, fueron transferidos a particulares en Michoacán, por la construcción de la obra “Francisco J. Múgica”, más de un millón de dólares.
Juez da palo a la FGE
A partir de estos datos y documentos, el Comité de Participación Ciudadana decidió en noviembre del año pasado presentar una denuncia ante la FGE.
“Obviamente por el tipo penal o delito que la Fiscalía encontrara y el que más podría adecuarse a una conducta delictiva, vinculada a hechos de corrupción”, mencionó.
Higuera Pérez detalló que la FGE inició la Carpeta de Investigación por Enriquecimiento ilícito, por lo que se desahogaron algunas actuaciones.
En mayo de este año, la Fiscalía de Michoacán acordó el no ejercicio de la acción penal con los argumentos de que el delito ya había prescrito y que el Comité de Participación Ciudadana carecía de designación jurídica para presentar la denuncia.
Según la FGE, a quien se le había generado la afectación era al gobierno del estado y que en todo caso, quien debería presentar la denuncia era la Consejería Jurídica.
“Obviamente el gobierno del estado no había presentado ninguna denuncia; manda la FGE requerir al gobierno del estado y este no se pronuncia, ni asiste”, acusó.
Elvia Higuera explicó que ante esa decisión, el Comité que representa impugno ante el Poder Judicial, el cual, el pasado fin de semana, se pronunció.
En la audiencia celebrada el pasado viernes, una juez de control determinó en un hecho sin precedentes, que estaban bien fundamentados los argumentos del CPC del SEA.
La juez resolvió que era improcedente el acuerdo del ejercicio de la acción penal, ya que no puede haber prescripción en un delito que se puede considerar como continuado.
Es decir, que el argumento de la Fiscalía fue que era un delito instantáneo y que se había agotado en un solo hecho la consumación del delito.
Eso fue rebatido por el Comité de Participación Ciudadana, el cual argumentó que no se puede considerar como delito instantáneo y sigue vigente.
Ello, “porque los beneficios que se siguen obteniendo a partir de un hecho indebido y eso aumenta todavía tu patrimonio sigue vigente, aún con el pasar del tiempo”, afirmó.
Asimismo, Elvia Higuera logró sustentar que ese delito es un daño al patrimonio de la ciudadanía, lo cual afectará los derechos y la dignidad de las personas.
“Ese delito afecta al ciudadano en materia de salud, vivienda, educación o cualquier otro como un efecto secundario”, estableció.
El CPC también comprobó que jurídicamente sí está facultado para presentar una denuncia en este tipo de casos, lo cual fue legitimado por la juez.
Lo anterior, porque al tratarse de recursos públicos, la afectación es directamente a los ciudadanos, a los cuales representa, como lo establece la ley.
Ante las pruebas del Comité, la juez ordenó también a la Fiscalía que realice una investigación mucho más exhaustiva de estos posibles hechos de corrupción.
“De tal manera que al momento que se vaya a resolver sobre la misma, tenga mejores elementos; que esté mejor fundada su resolución, de tal forma que pueda emitirla, lo más apegada al derecho”, enfatizó la presidenta del Comité de Participación Ciudadana.
Nota
En su momento, tanto Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel dijeron desconocer sobre los sobornos a sus funcionarios, pero la Policía de Andorra evidenció con documentos esos actos de corrupción.
afcl/nv
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