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Pachuca.- “Atención a todas las mujeres”, este fue el mensaje que dio inicio a una denuncia que derivó en una investigación sobre la difusión no autorizada de fotografías de mujeres del municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. El hecho destapó la existencia de diversos grupos en redes sociales que compartían y vendían carpetas con fotografías, nombre, apellido, escuela y comunidad de jóvenes, algunas de ellas menores de edad, de la región del Valle del Mezquital.
El regidor del PRI en esa demarcación, Enrique Simón, dio a conocer lo que calificó como la posible punta del iceberg de una red de grupos y repositorios digitales dedicados a la difusión de contenido, en algunos casos de carácter sexual, sin autorización de mujeres de esa demarcación.
El señalamiento surgió luego de que una joven localizara algunas de sus fotografías en un grupo de Telegram, lo que la llevó a realizar una denuncia pública. Posteriormente, el tema fue expuesto en sesión de Cabildo por el regidor, quien informó que se detectaron más de cuatro mil archivos en uno de los grupos, el cual ya fue dado de baja; sin embargo, señaló que existe otro que permanecía activo hasta el día de ayer.
En este caso la joven contactó al administrador del canal de Telegram para exigir que retiraran las fotografías que habían sido difundidas sin su consentimiento. Logró que ese grupo cerrara; sin embargo, advirtió que otros continúan activos.
Indicó que, a través de Telegram, existía un foro integrado por alrededor de 800 personas que difundían fotografías y datos personales de mujeres del municipio. Señaló que se presume la existencia de material relacionado con menores de edad, ya que en algunos contenidos se etiqueta el nombre de una escuela preparatoria.
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Precisó que, desde que comenzó a difundirse la denuncia, al menos 15 mujeres se han acercado para acusar la difusión de material sin su consentimiento. Las víctimas que han acudido a la regiduría tienen entre 25 y 30 años; no obstante, no se descarta que existan menores afectadas, debido a que las carpetas están clasificadas por escuelas y comunidades. En el repositorio se ordenan los archivos por nombre, apellido, institución educativa y localidad.
Enrique Simón destacó que, de acuerdo con los testimonios de las afectadas, muchas de las fotografías provienen de filtraciones realizadas por parejas o exparejas, lo que evidencia un patrón de violencia dentro de las relaciones personales.
También señaló que se detectó la venta de los llamados “packs”, con precios que oscilan entre 200 y 300 pesos. Según explicó, las transacciones se realizan bajo pedido directo: el interesado solicita el nombre de la persona y quien vende el contenido fija el precio y lo entrega tras el pago.
El asambleísta indicó que algunas imágenes han sido modificadas con inteligencia artificial para generar contenido más explícito. Señaló que existen versiones manipuladas en las que se altera el cuerpo de las jóvenes o se simula la ausencia de ropa.
Advirtió que esta situación agrava el delito, ya que se difunde contenido íntimo sin consentimiento, mediante imágenes alteradas, lo que ha tenido repercusiones en la salud psicológica, física y en la autoestima de las víctimas. “No hay peor amenaza que la violencia digital que se vive todos los días”, expresó.
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Lamentó que algunos padres de familia se hayan acercado no para denunciar, sino para comentar que sus hijos consumen este tipo de fotografías, lo que consideró una señal de la preocupante normalización de una conducta que constituye un delito. “Muchos no saben que esto es un delito”, afirmó.
Indicó que, tras hacerse pública la denuncia, comenzó a recibirse mensajes intimidatorios desde perfiles falsos. Señaló que algunos usuarios argumentan que durante años han operado este tipo de galerías y que no permitirán que se destruya “su trabajo”, ya que no consideran que incurran en una acción ilegal.
Asimismo, informó que el tema ya fue llevado al Congreso local, donde la diputada Montserrat Hernández quien lo expuso en tribuna y solicitó una investigación, así como la intervención de las autoridades correspondientes. Señaló que sostendrán una reunión con la titular de la Instancia de la Mujer del municipio para establecer contacto con áreas jurídicas y emprender acciones desde el ámbito municipal.
También buscará acercamiento con autoridades de seguridad y de la Procuraduría de Justicia para dar seguimiento formal a los hechos. Recordó que en México ya existe la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Finalmente, exhortó a las víctimas a presentar denuncias formales y no limitarse a hacer públicas las acusaciones en redes sociales. Subrayó que aún existe al menos un grupo activo y que corresponderá a las autoridades determinar si hay más involucrados en esta red de difusión. “No se trata de un chisme en redes, sino de violencia digital tipificada como delito”, puntualizó.
afcl/LL
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