Especialistas en temas de pobreza y políticas públicas consideraron que este tipo de reuniones masivas son una falta de respeto a las mujeres de Chiapas, por lo que la solución para romper el clientelismo político y este tipo de situaciones en la asignación de programas sociales es un real padrón único de beneficiarios.

Rogelio Gómez Hermosillo, especialista en el tema de marginación y pobreza, indicó que convocar a reuniones masivas que generan largas filas y horas de espera es una gran falta de respeto a este sector de la población chiapaneca “y contradice el más elemental respeto a la ciudadanía. Si además se hace con personas que viven en lugares más lejanos que requieren transportarse y que tienen múltiples carencias, es muy grave”.

Señaló que en Chiapas se han dado experiencias muy negativas de uso político de la pobreza, y que es uno de los “más graves males de la política social y explica por qué no hay resultados. En Chiapas, de 2012 a 2016 la pobreza ha crecido, en más de 300 mil personas, y afecta a más de 4 millones de personas”.

Consideró que la solución para romper el clientelismo político en la asignación de programas sociales es un real padrón único de beneficiarios, “es decir, no una base de datos de quienes reciben apoyos, sino un registro ciudadano, censal y transparente, que sea la base para asignar cualquier tipo de apoyo en efectivo o en especie. Esto se ha pospuesto desde hace 10 años o más”.

Carola García, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que estos mecanismos de entrega de ayuda social no es nuevo, sino que ha sido una costumbre en la política mexicana, pero en Chiapas ha sido una práctica común y manifestó que además de ser actos que van en contra de la dignidad humana, afectan la democracia en el país.

“Desde los sismos hemos visto que ha aumentado el tema de la ayuda condicionada. Pero el gobierno de Chiapas ha implementado varios programas enfocados a mujeres, tiene como seis programas que se supone que son para apoyo a jefas de familia, pero no ha disminuido la pobreza y pobreza extrema”, dijo.

Ivonne Acuña, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Política de la Universidad Iberoamericana, apuntó que este tipo de situaciones se agregan a la larga lista de abusos que sufren las mujeres indígenas, “estrategias que buscan sacar provecho de la entrega de recursos públicos, recursos que debe la gente entender que no es dinero de los políticos, sino que es dinero de la propia gente. Se debe terminar con estas prácticas de abuso”.

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