“Gobernador no puede interponer controversia”

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Tijuana.—“Es ignorante. En la Constitución no se establece que el gobernador [de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid] tiene facultades de interponer una controversia constitucional”, aseguró quien públicamente fue presentando como el próximo secretario general del gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano, en la administración del virtual mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez (Morena).

Esta fue la respuesta ante el anuncio del panista Vega de Lamadrid, quien, a través de un comunicado de prensa, informó que interpondrá una controversia constitucional a la reforma aprobada por el Congreso local y tres gobiernos municipales, que convalidaron la extensión de dos a cinco años para la próxima gubernatura.

“Mi compromiso es con los ciudadanos, por ello velaré siempre por hacer respetar el Estado de derecho de Baja California”, aseguró el gobernador en un escrito difundido el lunes por la noche.

En las oficinas centrales de Morena, en Tijuana, Rodríguez Lozano (expriista) explicó que ni el anuncio del mandatario sobre no publicar la derogación en el Periódico Oficial de Baja California ni la advertencia sobre la controversia son temas que frenen el intento de cambiar el periodo de Bonilla Valdez.

“La mayor legitimidad es la legalidad. Es un tema de conveniencia, de conveniencia y convicción, porque no es ambición de poder, sino de tratar de resolver los problemas de los bajacalifornianos, que son muchos”, advirtió Rodríguez Lozano cuando se le cuestionó que el tiempo en el que iniciaron con la maquinaria para ampliar la gubernatura fue al saber que tenían prácticamente ganada las elecciones.

Incluso, parte de las críticas también tienen que ver con un presunto pacto entre el gobernador y el propio Bonilla Valdez, quienes supuestamente habrían intercambiado el voto de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) —cuya participación hizo posible la reforma y la ampliación— por la designación del auditor superior, encargado de fiscalizar el gasto del actual mandatario estatal y del próximo, además del magistrado del Tribunal del Sistema Anticorrupción.

Como respuesta a tales señalamientos, Rodríguez Lozano lanzó una aseveración: “Eso estaba pactado desde tiempo atrás, la lista del auditor y los de transparencia son gente que tienen simpatía con diferentes partidos, como el PRI, el PAN, y también con el equipo de Morena, porque justo ese es el mecanismo que utilizan los organismo políticos para llegar a concesos”.

Frente a la duda sobre si existió un pacto o no con Vega de Lamadrid y sobre el hermetismo de Bonilla Valdez para hablar al respecto, sólo ofreció una respuesta: “Si apenas lo dijo ayer o antier, que va a meter a la cárcel al güerito, [lo que dice Vega de Lamadrid] es sólo tratar de ganar líneas ágatas”.

Además, luego de que el presidente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, propuso la desaparición de Poderes para dar marcha atrás a la ampliación de la gubernatura, reiteró: “Lo habrán agarrado después de celebrar el Día del Abogado. No sabe de derecho, es buen político… porque la desaparición de Poderes no se hace, se declara que ya desaparecieron, bajo ciertos criterios como el no funcionamiento de cada uno”.

Cuestiona reforma pasada.
Rodríguez Lozano, abogado constitucionalista, negó que desde su oficina se haya gestado la propuesta para derogar el artículo octavo del decreto 112.

Afirmó que se trata de un proyecto que tiene meses sobre la mesa y que está basado en las leyes, ya que desde un inicio la reforma de 2014, para recortar la gubernatura, fue hecha de manera ilegal.

Sobre esa acusación, explicó que los diputados de aquel entonces, que en su mayoría son presidentes municipales, como Gustavo Sánchez, de Mexicali; Juan Manuel Gatelum, de Tijuana, y Nereida Fuentes, de Tecate, no notificaron a los ayuntamientos para que votaran la reforma en sesión de cabildo, los únicos que, dijo, recibieron la información, fueron dos secretarias y una afanadora.

“Dos priistas y un panista se ampararon sobre esa resolución de 2014, evidentemente hay una ruptura de la legalidad porque, de hecho, la reforma de 2014 es incompleta. Claro, desde el punto de vista formal, aplicaron la afirmativa finta que consiste en que si no contestan en un mes, se declara al reforma”, detalló.

Con dos respuestas de los tribunales que les han arrebatado la ampliación a la gubernatura y ahora el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) responda de igual manera, Rodríguez Lozano aseguró que habrán de respetar la decisión final.