Fiscalía de Morelos denuncia atentado y exhibe a detenidos; gobierno estatal lo pone en duda

Cuernavaca.- La fiscalía de Morelos informó hoy que el convoy del fiscal morelense Uriel Carmona Gándara fue objeto de una agresión pero sus escoltas actuaron y detuvieron a dos mayores de edad, los cuales ya fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público. En contraste, el gobierno del estado informó que hasta el momento no hay algún indicio de que haya habido fuego cruzado ni un ataque directo al fiscal, dijo Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno.

“La reacción obedece a las graves y constantes amenazas que ha recibido (el fiscal) por motivo de sus funciones. Lo anterior, aunado a que no es la primera vez que un mando de esta institución ha sido objeto de agresiones, tal y como aconteció en el año 2013, cuando el entonces fiscal general sufrió un atentado; por lo que, en esta ocasión, los agentes de investigación criminal tuvieron que actuar en consecuencia”, argumentó la Fiscalía.

El gobierno del estado afirmó que se encuentran a la espera de los informes que ofrezca la Comisión Estatal de Seguridad, como primer respondiente, así como la Guardia Nacional que acudió al sito, y la declaración que rindan los escoltas del fiscal “para dar una información y no desinformar ni dar conclusiones que puedan llevar a confusiones equivocadas que puedan generar miedo en la sociedad, cuando no lo son. Y si el caso fuera una agresión tendremos que responder como Estado, de forma solidaria y contundente para que esto no suceda”, afirmó Ojeda.

El ataque se registró alrededor de las 15:00 horas, cuando el fiscal y el convoy de escoltas regresaban de la sede de la Fiscalía, situada en el municipio de Temixco, y tomaron la autopista, pero a la altura de la colonia El Polvorín los escoltas sucedió la supuesta agresión contra la unidad de los escoltas.

“Derivado del suceso resultaron con lesiones no de gravedad dos detenidos, así como el jefe de escoltas del fiscal general, los cuales ya han sido trasladados a un hospital y están siendo atendidos por los servicios médicos”, informó la dependencia.

Precisó que la investigación y diligencias de ley se llevan a cabo por la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales, y será en las próximas horas cuando se comunique de manera pormenorizada sobre los hechos.

En videos que circulan sobre la detención de los jóvenes se les ve en ropa interior y con golpes. Uno de ellos es interrogado por un agente sobre su lugar de residencia. El detenido responde que vive en San Miguel Chalco, Estado de México, e iban para el municipio de Yautepec.

Mientras lo interrogan otro elemento de la Agencia de Investigación Criminal lo patea.

¿De dónde venían?, insiste el policía.

Del Ajusco, dice el detenido.

¿Sabes dónde estamos ahorita?

Si jefe. Pasé la Pera, ya la cagué.

¿Qué traes en el carro?

Nada jefe, revisen.

¿Por qué me dijiste que trabajas para el Cártel de Sinaloa?

No jefe, como cree.

En ese momento llega otro agente y lo levanta de los brazos. “Súbete para acá cabrón”, le dice.

¡No quiero que sigas dando nombres falsos eh! Ahorita te los voy a pedir yo, y si me lo vas a decir!, le advierte el agente.

Enfrentamiento con el Ejecutivo

Los hechos se inscriben en una lucha que mantiene el fiscal morelense con el gobierno del estado, y que arreció en los últimos días con el señalamiento del gobernador Cuauhtémoc Blanco en el sentido de que el fiscal no ha realizado con eficiencia su trabajo y tiene varios asuntos pendientes por resolver.

A si vez el fiscal respondió hoy con cifras sobre detenciones, grupos delictivos desarticulados.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos manifiesta su respeto por los poderes del estado, las instituciones y dependencias tanto estatales y federales, y lamenta el divisionismo social que se genera a partir de señalamientos que no abonan al desarrollo del estado y generan una mayor percepción social de inseguridad”, expuso el fiscal.

El fiscal atraviesa además por un momento complicado porque en los próximos días la Cámara de Diputados debatirá la procedencia de su desafuero, y la puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República por delitos federales, imputados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

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