Nuevo Laredo.— El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer la investigación sobre la denuncia realizada por una organización de Derechos Humanos en Nuevo Laredo por el presunto montaje y ejecución extrajudicial por parte de policías estatales el pasado 5 de septiembre, el cual dejó un saldo de ocho personas muertas.

Encinas Rodríguez aseguró que el gobierno federal no tolerará ejecuciones extrajudiciales, por lo que es necesaria una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.

“Hay que hacer una investigación a fondo de los hechos. El gobierno federal de ninguna manera va a tolerar ninguna práctica como la ejecución extrajudicial y deben deslindarse las responsabilidades.

“Vamos a coadyuvar con el gobierno del estado, que compete hacer la primera fase de investigación y en caso de ser necesario plantearemos la posible atracción por parte de la FGR”, indicó.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas anunció el inicio una carpeta de investigación por los hechos.

Las pruebas. Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), denunció el pasado martes que la Policía de Tamaulipas practicó una ejecución extrajudicial el pasado 5 de septiembre en la colonia Valles de Anáhuac, donde el reporte fue de un enfrentamiento con integrantes del Cártel del Noreste, en el que murieron cinco hombres y tres mujeres.

El activista indicó que los testimonios de Kassandra, Azucena (familiares) y el chofer de una grúa, además de videos comprueban que en ese lugar no hubo tal enfrentamiento, sino un montaje de la policía estatal y del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET).

“Una jovencita de 18 años, de nombre Kassandra, nos relata que esa mañana estaba con su papá y una niña de dos años durmiendo, cuando alrededor de las siete de la mañana llegaron policías estatales, allanaron el domicilio, los torturaron, y al papá lo obligaron a vestir ropa tipo militar, botas, un casco y lo esposaron”, relató.

A la joven la golpearon y la amenazaron de muerte si denunciaba los hechos y, presuntamente, le perdonaron la vida por el hecho de tener en brazos a su hija.

También familiares de otras víctimas se acercaron para acusar que estas personas fueron sacadas de su domicilio en otros puntos de la ciudad —una en la calle 68, de la colonia Héroe de Nacataz y otra en avenida Jesús Guajardo— y se las llevaron a Valles de Anáhuac en vehículos tipo pickup blindados y otros particulares tipo Suburban o Tahoe.

Raymundo Ramos detalló que durante el recorrido que hicieron de la calle 68 a avenida Siete, encontraron un video que muestra un convoy de patrullas de la Policía Estatal y del Ejército que iban con una grúa arrastrando un vehículo pickup color negro marca Tundra.

“Posteriormente, este vehículo apareció acomodado en el domicilio donde encontraron a estas ocho personas ejecutadas. [El chofer de la grúa] nos explicó la ruta que siguió y nos pidió protección por temor a represalias por haber declarado”, señaló.

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