12 | JUL | 2020

Exigen aclarar reclasificación de desaparecidos

08/07/2019
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00:30
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Raúl Torres / Corresponsal
Exigen aclarar reclasificación de desaparecidos
Integrantes del colectivo Por Amor a Ellxs lamentan que no se hayan informado los criterios utilizados para definir el estatus de las personas. Foto/ESPECIAL

Exigen aclarar reclasificación de desaparecidos

08/07/2019
00:30
Raúl Torres / Corresponsal
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En tres meses cifra pasó de 7 mil 117 a mil 752; Fiscalía omite información, afirman familiares

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Guadalajara.— En tres meses el número de personas desaparecidas en Jalisco pasó de 7 mil 117 a mil 752, debido a que las autoridades estatales reclasificaron más de 5 mil casos y ahora los consideran como personas no localizadas, lo que implica que aunque no están no se presume la comisión de un delito como causa de su ausencia.

El pasado 20 de marzo, al anunciar la estrategia para combatir la desaparición de personas en el estado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que hasta el 8 de marzo se tenía un registro de 7 mil 117 personas desaparecidas o no localizadas y acusó que la anterior administración —encabezada por el priista Aristóteles Sandoval— había maquillado las cifras, puesto que sólo se habían reportado 3 mil 362 personas desaparecidas o no localizadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El 25 de marzo se hizo pública esta información en la plataforma del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) y luego de tres meses sin actualización, el pasado 4 de julio el gobierno estatal informó que al 31 de mayo se registraban mil 752 casos de desaparición y 5 mil 752 personas no localizadas.

Ante esta situación, el colectivo Por Amor a Ellxs —integrado por familiares de personas desaparecidas— exigió al mandatario estatal una explicación clara de por qué y cómo se hizo esa reclasificación.Tras revisar la información del Sisovid, el colectivo de familiares de personas desaparecidas consideró que la fiscalía —encargada de alimentar este sistema— está omitiendo información sobre los criterios utilizados para determinar qué personas están en calidad de desaparecidas y cuáles son consideradas no localizadas.

“Sabemos que la mayor parte de las carpetas de investigación no se actualizaron con nuevos elementos a la velocidad que deberían, por lo que nos extraña que, sin haber suficiente investigación, hayan concluido que son personas no localizadas”, señaló el grupo por medio de un comunicado en el que criticó el conteo emitido.Los integrantes de Por Amor a Ellxs recordaron que el artículo 89 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece varios criterios para determinar si una persona debe considerarse desaparecida o no localizada, entre ellos el que establece que aun sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han pasado 72 horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de una persona, debe considerarse como desaparecida.

Por su parte, Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), calificó las cifras presentadas por el gobierno estatal como una simulación, pues no hay claridad en los criterios de cómo se determinó quiénes son las personas no localizadas.

“Esas casi 6 mil personas que pusieron como no localizadas siguen desaparecidas y ni sus familias o amigos saben dónde están, con eso violentan otra vez los derechos de las víctimas, es grave que el estado invisibilice esta problemática, porque si no tenemos claridad con lo que está pasando no tendremos búsquedas adecuadas”, señaló.

Nombran a comisionada cuestionada. En este contexto, el gobernador Alfaro Ramírez nombró como comisionada de Búsqueda en el estado a Francelia Hernández Cuevas, exagente del Ministerio Público que está incluida en un par de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por violaciones a las garantías fundamentales de varias personas.

De acuerdo con los archivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el primer caso ocurrió en enero de 2012, cuando Hernández Cuevas trabajaba como ministerio público y se le impuso un procedimiento administrativo por obligar a varias trabajadoras sexuales a firmar una declaración con la amenaza de que si no lo hacían, serían consignadas.

El segundo caso está consignado en la recomendación 23 de 2013, en la que se señala a Hernández Cuevas de violar “los derechos humanos de los niños a la igualdad [discriminación], a la privacidad y a la seguridad jurídica [dilación en la procuración de justicia]” de cinco personas.

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