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Hermosillo.- Por ordenamiento judicial, Francisco Arnaldo Monge Araiza interpuso ante el Congreso del Estado una demanda de juicio político contra la fiscal sonorense Claudia Indira Contreras Córdova, por incurrir en obstrucción a la justicia, desacato y violación a los derechos humanos en su contra.
La información oficial del caso deriva en la aprehensión de que fue objeto por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) Monge Araiza, conocido como “Pancho Platas”, el pasado 11 de septiembre de 2016. Fue detenido en una calle del municipio de Bacadéhuachi a bordo de un vehículo Ford Lobo y tras una revisión presuntamente le encontraron un arma de fuego y droga conocida como cristal.
El exdirector del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) en la administración del exgobernador Guillermo Padrés , logró demostrar que el día de su aprehensión estuvo en una reunión de la cual Manuel Antonio Fimbres Villaescusa –uno de los presentes- al retirarse, en la calle fue abordado por elementos de la policía municipal, lo esposaron y lo entregaron a un grupo de personas armadas quienes le exigieron que debía entregarlo y ante la negativa fue torturado.
Después ingresaron al domicilio de Monge Araiza y lo sacaron de su recamara. “Mi esposa embarazada fue golpeada, me trasladaron a Hermosillo y me sembraron evidencias incriminatorias”, sostuvo.
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“Con base en hechos falsos, nos presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), quien ejerció acción penal en nuestra contra y posteriormente formuló acusación dentro de la causa penal 140/2016, hechos de los que fui absuelto en ambas instancias”.
En la sentencia de fecha 13 de marzo de 2018, dentro de la causa penal 140/2016, dictada por la Jueza de Distrito Yanitt Quiroz Vanegas, en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento, seguida por los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, portación de arma de fuego sin licencia y cohecho, se resolvió la absolución de Francisco Arnaldo Monge Araiza y Manuel Fimbres Villaescusa, por duda razonable.
La defensa apeló la determinación por Duda Razonable, por lo que, el 23 de abril de 2018, dentro del Toca Penal 49/2018, el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, licenciado Ricardo Martínez Carbajal, resolvió que se confirma la sentencia apelada, modificando la conclusión de duda razonable por Exclusión de Prueba Ilícita.
“Ahora bien, con motivo de la sentencia absolutoria de Primera Instancia, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó la investigación de la Tortura de la que fuimos víctima y la falsedad con que se condujeron los policías, sin que a la fecha se tenga un acceso a la justicia por los delitos cometidos en nuestro perjuicio”.
El 07 de noviembre de 2016, Monge Araiza, presentó denuncia por la detención arbitraria y tortura de la que fue víctima el 11 de septiembre de 2016, ante la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción asignándole la Carpeta de Investigación número CI/HER/501/501/00039/11-2016, la cual fue acumulada a la diversa carpeta SON/HER/PGE/2016/503/00057.
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No se atendieron recomendaciones
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió dos recomendaciones: La número 11/2017 dictada el 15 de agosto de 2017 y la número 11/2019 dictada en junio de 2019, donde se determinó que Francisco Arnaldo Monge Araiza fue víctima de una detención arbitraria y vicios en el procedimiento por parte de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
El asesor jurídico de las víctimas, Gabriel Alejandro Regino García, promovió el juicio de amparo 156/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito, por la omisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora de investigar al Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, por la detención arbitraria y la tortura de la que fueron víctimas.
Se concedió la protección constitucional, mediante sentencia del 22 de marzo de 2018, al violentar los derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, así como inmediatez, previstos en el numeral 17 constitucional, y al propiciar con sus omisiones que los probables responsables de la detención queden impunes.
El 09 de agosto de 2019, se celebró audiencia que fue presidida por el Juez de Control Octavio Castrejón Martínez, y ante la incomparecencia del Agente del Ministerio Público de nueva cuenta se hicieron efectivos los apercibimientos de multa a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las victimas solicitaron dar vista al Congreso del Estado.
El 28 de agosto de 2019, se celebró de nueva cuenta audiencia para impugnar las omisiones en la integración de la carpeta de investigación y por no acatarse las determinaciones del Tribunal. El Juez Castrejón Martínez, le concedió a la Fiscalía el plazo solicitado de 2 meses para concluir con las investigaciones y judicializar la carpeta de investigación.
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El Agente del Ministerio Público que compareció a dicha audiencia, fue apercibido hasta de arresto y en caso de desacato dar vista a las instancias correspondientes, ante la burla que la Fiscalía estaba haciendo de las resoluciones del Tribunal.
De esta forma, el 07 de noviembre de 2019, el Juez de Control del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora dio por concluida la causa preliminar 76/2019, resolviendo el incumplimiento de la Fiscal General de Justicia del Estado, que durante año y medio, hizo caso omiso a las determinaciones del Tribunal, aún y cuando en 2 ocasiones se hicieron efectivos los apercibimientos de multa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
Por lo que, ordenó la vista a la autoridad federal competente, al Juez de Distrito en Turno, a la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, así como instruyó a la asesora jurídica Liliana Bernal Zamora, a qué de acuerdo a su petición de dar vista al Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Sonora, al ser el Congreso quien nombró a la Fiscal.
“El retardo en las investigaciones ha sido producto de la complicidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública quienes buscan que lo ordenado por el Tribunal de Enjuiciamiento, de que se sancione la Tortura y la Fabricación de delitos de la que fuimos víctimas, quede impune”, dijo Francisco Arnaldo Monge Araiza.
afcl
