Guadalajara.— Apagar el incendio en el basurero Los Laureles, que durante cinco días provocó una emergencia atmosférica en el Área Metropolitana de Guadalajara, costó aproximadamente 7.5 millones de pesos, estimó el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus.

Señaló que tan sólo los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara gastaron 1.6 millones de pesos cada uno para apagar el fuego en el basurero, por lo que consideró que la empresa Caabsa-Eagle, concesionaria del basurero, debe pagar por ello.

“Que paguen los siete millones y medio, que los paguen, no tenemos por qué, en la parte gubernamental y sobre todo de otros municipios (…) en nuestro caso ni siquiera utilizamos el vertedero ni está en nuestro municipio”, dijo el edil.

El basurero Los Laureles, ubicado en los límites de Tonalá y El Salto, recibe diariamente entre 3 mil y 3 mil 500 toneladas de basura generada en Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto; sin embargo, por la magnitud del fuego fue necesario el apoyo de bomberos estatales y de otros municipios, como Zapopan.

Pablo Lemus señaló que están analizando cómo proceder para obligar a la empresa a pagar, ya sea con dinero o en especie, con equipo para los brigadistas forestales y bomberos del municipio.

El edil se pronunció por revisar el tema de la disposición de residuos a nivel metropolitano y señaló que el vertedero de Picachos, donde Zapopan arroja su basura, puede servir para la de otros municipios; sin embargo, ese vertedero también tiene problemas de derrames de lixiviados al arroyo Milpillas, uno de los afluentes del río Santiago, por lo que en varias ocasiones ha sido bloqueado por los habitantes de las poblaciones afectadas.

El gobernador Enrique Alfaro indicó que la empresa Caabsa-Eagle tendrá que pagar por las irregularidades que haya cometido, pero negó que la situación sea inmanejable y que se tenga que cerrar el basurero Los Laureles.

Señaló que si se cierra el basurero no habría lugar para tirar la basura de la ciudad, por lo que se obligará a la empresa a cumplir las normas ambientales para que no represente un riesgo.

En tanto, vecinos de la zona insisten en el cierre del basurero y tras colectar 3 mil 100 firmas presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco para exigir que las autoridades estatales asuman su responsabilidad en el tema.

El artículo 85 de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco establece que: “Cuando se ocasione un daño o represente un riesgo inminente de desequilibrio ecológico o deterioro grave a los recursos naturales; contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud, en las actividades de acopio, recolección, almacenamiento, transporte, procesamiento, reciclaje, tratamiento o disposición final de residuos; las autoridades competentes podrán fundada y motivadamente, imponer (…) clausurar temporal, parcial o totalmente las instalaciones en que se manejen o se preste el servicio correspondiente”.

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