Cancún.- Un par de exfuncionarios de la administración del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge , fueron vinculados a proceso por su probable participación en la triangulación y desvío de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para contratar empresas “fantasma” como proveedoras de servicios, que no se brindaron, en lo que se conoció como ”.

Se trata de Jorge Acevedo Marín y de Gerardo Vázquez Handall, quienes fungieron como director general y administrador, respectivamente, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).

Ayer, se desarrolló la audiencia en la que un juez de Control del Poder Judicial les vinculó a proceso y dictó medidas cautelares que les permitirá enfrentar el juicio en libertad.

Entre esas medidas está el embargo de sus propiedades en Cancún, en el municipio de Othón P. Blanco, con cabecera en Chetumal -capital del estado- y en Mérida, Yucatán.

A Jorge Acevedo le fueron embargados cuatro predios en esta ciudad, ocho automóviles y una motocicleta. A Vázquez Handall, siete predios, en el sur del estado y uno más en Mérida, además de tres vehículos en Quintana Roo y un automóvil de lujo con placas de Yucatán.

El par de exfuncionarios son acusados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Quintana Roo, de ocasionar un daño patrimonial por más de 743 millones de pesos, provenientes de la Sedatu y ejercidos de manera irregular durante los años 2015 y 2016, en la firma de 84 contratos para la elaboración de campañas de difusión y materiales institucionales, a través del SQCS, que no se elaboraron, pero se cobraron.

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Luego de firmar un convenio con la Sedatu, el Sistema subcontrató a empresas “fantasma” para el desarrollo de las campañas y materiales acordados, so pretexto de que no tenía capacidad tecnológica y humana, según obra en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo) y la Secretaría de la Contraloría (Secoes), que durante sus revisiones detectaron que no existen entregables que comprueben que esos trabajos se realizaron, pero el dinero sí se gastó.

Los hechos fueron denunciados y la Fiscalía Anticorrupción procedió a integrar la carpeta de investigación y, posteriormente, a solicitar a un juez las órdenes de aprehensión en contra de los dos ex funcionarios, quienes se ampararon.

Al perder la demanda, ambos se pusieron a disposición del juez de Control para someterse a proceso y comparecieron ayer, respecto a la carpeta administrativa 413/2018, por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

La Fiscalía les imputó -en calidad de coautores- la celebración de 84 contratos de prestación de servicios con 37 proveedores en Quintana Roo.

Sólo cuatro de estos, estaban dados de alta en el Padrón de Proveedores y no medió una licitación, por lo cual las 104 órdenes de pago se realizaron de forma discrecional, sin tomar en cuenta la Ley Estatal de Adquisiciones de la entidad.

El órgano jurisdiccional determinó que todos los elementos probatorios entregados por la Fiscalía Anticorrupción “fueron idóneos y suficientes para poder emitir su fallo en esta etapa procesal”, por lo que fueron vinculados a proceso en lo que representa el primer caso en México de implicados en la Estafa Maestra, que van a juicio.

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afcl

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